“Eliminar notas: La nueva forma de ‘limpiar los nombres’ de funcionarios públicos”
Nueva forma de “limpiar imagen” | Foto referencial
Siguiendo la información del artículo Limpieza de “fama” en Internet: nueva forma de censurar, del portal web Runrun.es, en el mundo político ha cobrado fama una empresa que “borra” notas periodísticas u otros informes sobre funcionarios públicos.
La empresa llamada Eliminalia se encarga, a solicitud de los clientes (funcionarios públicos), de eliminar las nota donde están sus clientes “presuntamente vinculados con irregularidades administrativas” porque “lesiona el derecho a la vida privada y perjudica su reputación”.
La periodista menciona un correo electrónico que le envió a Runrun.es una representante del departamento legal de esa empresa, en el que pidió que eliminaran una nota publicada en el año 2013 en donde se mencionaba al presidente de Pdvsa Naval Héctor Pernía por supuestamente estar involucrado en un caso de sobrefacturación en la “compra de barcos para la estatal petrolera”. La agente de Elimalia aseguraba que era “perjudicial y nocivo para los intereses de Venezuela y la empresa pública que él representa”, reseña Sumarium.
De la misma forma Runrun.es recibió otros correos en los que se le pedía la eliminación del URL, al tiempo que también otros medios del país recibieron la solicitud.
El Pitazo es uno de ellos, al que Eliminalia pidió en febrero del 2016 que eliminara una nota sobre Gustavo Mirabal Castro, exempleado del Banco Industrial de Venezuela “que amasó una inmensa fortuna”. La empresa alegaba que el perfil publicado de Mirabal, originalmente del portal Poderopedia, era difamatorio y “no tenía ningún carácter informativo para la comunidad venezolana”.
Poderopedia recibió un correo en octubre del año pasado de una representante de la compañía, domiciliada en Barcelona, España, en el que advertía que el perfil de su cliente Daniel Rangel Barón (empresario importador cuyas empresas son las principales proveedoras de insumos médicos para el Ivss) “lo perjudicaba personalmente e infringía el derecho a la privacidad” y que podía ser víctima de la delincuencia organizada tras la publicación de su nombre, apellido, el nombre de empresas y la cantidad de dinero generado. No obstante, no se mencionó que las compañías de Rangel Barón “recibieron casi 500 millones de dólares preferenciales para la importación de insumos médicos para el Ivss sin pasar por concurso público”, lo que viola la ley de contrataciones públicas, reseña el artículo.
En todos los casos presentados, los medios digitales se negaron a borrar el material puesto que “se trataban de informaciones de interés público que la colectividad tiene derecho a saber”.
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