¡Contundente! Foro Penal rechaza “diálogo” para negociar intereses políticos (+Comunicado)

Foro Penal Venezolano | Foto referencial

El Foro Penal Venezolano fijó posición este jueves ante el “Acuerdo de Convivencia Democrática”, propuesto por Unasur y los facilitadores internacionales designados para la “reactivación del diálogo político” entre el gobierno y la oposición.

En el comunicado emitido, la organización exige que cualquier iniciativa de diálogo que se adelante “debe desarrollarse con claridad moral, honestidad y a puertas abiertas”.

Asimismo, señala que cualquier negociación que afecte los Derechos Humanos (DDHH) de los presos, perseguidos y exiliados por razones políticas debe incluir a ONG especializadas en el tema, así como a los abogados defensores y los familiares de los principales afectados. 

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO ÍNTEGRO:

SOBRE EL DIÁLOGO
DESDE EL FORO PENAL A LA OPINIÓN PÚBLICA

Quienes suscriben, actuando en nuestro carácter de directores, coordinadores, voluntarios y defensores activos de la ONG Foro Penal Venezolano, ante la propuesta de la UNASUR y de los facilitadores internacionales designados por el gobierno venezolano, dirigida a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para la “reactivación del diálogo”, denominada “Acuerdo de Convivencia Democrática”, que se dio a conocer el pasado 23 de enero de 2017, hacemos llegar a la MUD, y a la opinión pública en general, nuestra posición oficial. En este sentido, destacamos:

CONSIDERANDO: Que el diálogo, como medio de resolución alternativa de conflictos es siempre positivo, siempre que se adelante con honestidad y buena fe, evidenciando avances claros y constatables, reconociendo sin medias tintas la existencia de presos, perseguidos y exiliados políticos y llamando a las cosas por su nombre sin recurrir a eufemismos arteros dirigidos a tergiversar, con todas las consecuencias negativas que de ello derivan, la verdad.

CONSIDERANDO: Que, para ser verdaderamente fructífero y provechoso, el diálogo debe adelantarse de manera sincera y abierta, no a escondidas ni ignorando o dando la espalda a la ciudadanía en general o a quienes resultan los directos interesados y afectados en los temas que en dicho diálogo se discuten.

CONSIDERANDO: Que la Libertad y la Dignidad Humana no se negocian, lo que supone que en toda iniciativa de diálogo ha de respetarse el carácter preeminente de los Derechos Humanos como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone nuestra Carta Magna, sin tratar a los presos y a los perseguidos como “fichas de canje” o como “piezas intercambiables” en acuerdos en los que no se les da voz, ni voto.

CONSIDERANDO: Que, desde su anuncio en mayo de 2016 hasta esta fecha, en cuanto al cese de la persecución y de la prisión por motivos políticos, los resultados del diálogo entre el gobierno y los sectores de la MUD que se han prestado a ello han sido francamente negativos, tal y como ha sido destacado por el Secretario General de OEA y por diversas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, verificándose que el número de presos políticos no ha disminuido, sino aumentado, y que no ha cesado, sino se ha incrementado, la represión como política de Estado.

CONSIDERANDO: Que los factores de la MUD que se han prestado al diálogo se han negado sistemáticamente a considerar, recibir, y hasta a escuchar los aportes, cuestionamientos e inquietudes que sobre el diálogo, sus alcances y consecuencias, les han sido formuladas por las ONG que desde hace años manejan con la debida profundidad, seriedad y coherencia técnica el tema de la represión, de la persecución política y de la prisión como armas de la intolerancia y como políticas de Estado en Venezuela.

CONSIDERANDO: Que a consecuencia de esta cerrada, inexplicable e irresponsable postura de los operadores políticos de la MUD que intervienen en el diálogo:

a) Se han distorsionado, en muchas ocasiones inflándolas a conveniencia y sin respetar ningún criterio técnico o jurídico válido, las cifras reales de presos, perseguidos y exiliados por motivos políticos, lo cual resta credibilidad y seriedad a la lucha contra la intolerancia y contra la represión por motivos políticos.

b) Se ha buscado generar en la población una percepción falsa sobre el alcance de los “logros del diálogo”, al destacar, entre otras cosas, que las pocas liberaciones de presos políticos que en efecto han tenido lugar son todas “producto del diálogo”, lo cual no es cierto, o que se ha liberado en algunos casos a importantes grupos de “presos políticos”, lo cual tampoco se corresponde con la realidad, ya que no se indica siquiera quiénes son esas personas o por qué y bajo qué criterios se las categoriza como “presos políticos”.

c) Ha quedado demostrado que los intervinientes en el diálogo actúan esencialmente como operadores políticos, dirigidos en sus actos al logro de finalidades electorales o políticas, no humanitarias; no cuentan con las credenciales ni la experiencia necesaria, como expertos en materia jurídica y de DDHH, para manejar correctamente los datos y los conceptos básicos de estos temas; ni pueden en consecuencia aportar soluciones efectivas que concluyan en el cese definitivo de la injusta prisión, de la persecución o del exilio de miles de venezolanos por motivos políticos.

d) También está demostrado que los intervinientes en el diálogo, desde las filas de la MUD, privilegian y dan prioridad a la consideración de los casos de quienes lideran, son activistas o militan en las filas de los partidos políticos; relegando a un segundo plano y dejando de lado, huérfanos de atención y de consideración, a decenas de presos políticos que no tienen afiliación o simpatía partidista ni militan en ninguna organización política.

e) Se ha buscado generar en la colectividad una impresión positiva falsa, a través de la omisión de la mención de que en ninguno de los casos de las pocas libertades de presos políticos que han tenido lugar desde 2016 hasta la fecha, ha cesado realmente la persecución penal, dado que los favorecidos con estas libertades aún están sometidos medidas cautelares y a procesos penales injustos que no han finalizado.

Y, CONSIDERANDO: Que sumado a todo lo anterior, los sectores de las MUD que se han prestado al diálogo han callado en cuanto al denominado efecto de “puerta giratoria”, denunciado por el Foro Penal Venezolano, según el cual, en la medida en que unos pocos presos políticos son liberados, otros inmediatamente son encarcelados y ocupan sus lugares, lo cual demuestra que el diálogo, tal y como ha sido planteado, no está funcionando ni ha funcionado para lograr la efectiva disminución de la prisión por motivos políticos en Venezuela.

EXIGIMOS:

PRIMERO: Que cualquier iniciativa de diálogo que se adelante entre el gobierno de Venezuela y cualquier operador político de la MUD o de cualquier otra fuerza política debe desarrollarse con claridad moral, honestidad y a puertas abiertas, llamando a las cosas por su nombre, sin tergiversar o falsear datos, conceptos o realidades ni exaltar falsos logros en detrimento de la verdad.

SEGUNDO: Que, en cualquier diálogo que se produzca que afecte los DDHH de los presos, perseguidos y exiliados por razones políticas, sean de inmediato involucradas, sin arrogancia, sin engaños, sin sesgos y de manera pública y abierta, con voz y voto, las ONG de DDHH, los abogados defensores y los familiares de todos los presos, perseguidos y exiliados políticos, sin distinciones.

TERCERO: Que, de la misma manera y con la misma vehemencia en la que la MUD y los partidos y las organizaciones políticas que la integran demandan respeto a sus respectivas trayectorias, a sus espacios de actuación, a sus logros y a sus desempeños como operadores políticos en Venezuela; respeten la trayectoria, los espacios, los logros, la experiencia y el conocimiento técnico de las ONG y de quienes, desde hace años, se han ocupado constantemente, que no solo cuando ha sido “políticamente rentable”, de atender a quienes son víctimas de violaciones graves a sus DDHH y a quienes sufren injusta prisión o persecución por motivos políticos.

En Caracas, a los 26 días del mes de enero de 2017.-

Por el Foro Penal Venezolano

Alfredo Romero, Director Ejecutivo
Gonzalo Himiob Santomé, Director
Alonso Medina Roa, Director
Robiro Terán, Director
Mariela Suárez Ortiz, Coordinadora Nacional de Organización
Fernando Ovalles, Coordinador Área Metropolitana de Caracas
Olnar Ortiz, Coordinador Estado Amazonas
Rosanna Carreño, Coordinadora Estado Anzoátegui
Dimas Rivas, Coordinador Estado Aragua
Luis Armando Betancourt, Coordinador Estado Carabobo
Laura Valbuena, Coordinadora Estado Zulia
Ezequiel Monsalve, Coordinador Estado Bolívar
Raquel Sánchez, Coordinadora Estado Táchira
José Armando Sosa, Coordinador Estado Monagas
Lucía Quintero, Coordinadora Estado Barinas
José Reyes, Coordinador Estado Falcón
Pedro Troconis, Coordinador Estado Lara
Genis Navarro, Coordinador Estado Mérida
Alberto Iturbe, Coordinador Miranda (Altos Mirandinos)
Adriana Nápoles, Coordinador Miranda (Valles del Tuy)
Néstor Gutiérrez, Coordinador Estado Cojedes
Pedro Arévalo, Coordinador Estado Nueva Esparta
José Torres Leal, Coordinador Estado Portuguesa
Daniel Salazar, Coordinador Estado Sucre
Rafael Maldonado, Coordinador Estado Trujillo
Gabriel Gallo, Coordinador Estado Yaracuy

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