CIDH condena a Colombia por muerte de defensora de DDHH durante el Gobierno de Uribe

CIDH | Foto referencial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó una sentencia en la que encuentra al Estado colombiano responsable de detenciones ilegales y falta de protección de cinco defensoras de los derechos humanos, así como de la muerte de una de ellas.

En un comunicado, la CIDH ha señalado que Bogotá es “responsable” por no evitar el asesinato de Ana Teresa Yarce, defensora en la Comuna 13 San Javier de la capital, Medellín, por no haber adoptado “medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de Derechos Humanos” y por “violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial”.

“Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto con otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín”, explicó la CorteIDH, que tiene sede en Costa Rica.

El caso tiene que ver con la situación de riesgo y violencia sufrida a partir del 2002 por las defensoras de derechos humanos y líderes comunales María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, así como el impacto generado en sus familiares.

Estos hechos se remontan a 2002, en el marco de la ‘Operación Orión’, llevada a cabo para poner fin a la presencia de milicias urbanas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Comandos Armados del Pueblo (CAP) en el contexto de un estado de excepción declarado por el entonces presidente, Álvaro Uribe.

Yarce, Mosquera y Naranjo fueron detenidas por haber sido señaladas como colaboradoras de la guerrilla, sin que se acreditara la causal, y fueron liberadas 9 días después. La CIDH ha señalado que esta detención fue ilegal y arbitraria.

Según el fallo de la CIDH, las mujeres “eran víctimas de violencia habitual, generalizada y sistemática” y, en particular, las de esta comuna, que además de encontrarse en situación de riesgo estaban afectadas por el desplazamiento intraurbano.

A pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, “el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar la vida de Yarce”, a quien asesinaron en el 2004, agregaron los jueces interamericanos.

Las otras cinco mujeres se vieron obligadas a desplazarse, razón por la cual la CIDH también ha condenado a Bogotá, en esta ocasión por no adoptar medidas de asistencia ni “posibilitar su retorno voluntario y seguro”. A esto se suman que dos de ellas, Ospina y Rúa, perdieron sus viviendas, por lo que el Estado ha quedado sancionado por no “garantizar el derecho a la propiedad privada” de ambas.

La CIDH ordenó al Estado colombiano llevar a cabo reparaciones económicas por daños materiales e inmateriales, así como continuar la investigación sobre el desplazamiento forzado de Rúa y sus familiares e implementar un programa, curso o taller dentro de la Comuna 13 de Medellín destinado a promover e instruir sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos.

“En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación, entre las que destacan continuar la investigación relacionada con el desplazamiento forzado de las señora Rúa y sus familiares e implementar un programa, curso o taller dentro de la Comuna 13 de Medellín destinado a promover e instruir sobre el trabajo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos”, concluye el comunicado.

Con información de agencias.-

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