«Ni el TSJ puede anular la elección de directiva de la AN», aseguran expertos

Dirigencia de la MUD | Foto: EFE

Dirigencia de la MUD | Foto: EFE

El gobierno no tiene argumentos legales para poner en práctica la amenaza del presidente Nicolás Maduro y otros voceros del PSUV de no reconocer a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional que se designará el 5 de enero, aseguran abogados constitucionalistas y expertos.

Según publica El Nacional, la amenaza de Maduro y dirigentes oficialistas se basan en el presunto desacato que mantiene la Asamblea por no desincorporar a los tres diputados de Amazonas en una sesión y enviar un escrito al alto tribunal notificando la decisión.

En este sentido, afirman que se trata de un intento sin precedentes para desconocer el Poder Legislativo elegido por el pueblo, usurpación que en ningún país del mundo se podría reconocer.

“Este problema jurídico es inexistente y no tiene sentido. Es propio de una dictadura. Hay actos que no tienen ningún tipo de revisión porque son internos de la Asamblea. La designación de la junta o quiénes son los diputados es algo que ni el TSJ puede anular. El  Parlamento tiene un carácter representativo que no tienen el resto de los poderes. La AN no puede hacerle caso a esas loqueras políticas y reconocer que el nombramiento que hizo no es legal o no es apropiado”, asegura el abogado constitucionalista Antonio Canova.

Agrega que la única intención del Ejecutivo y del TSJ es asfixiar a la Asamblea tomando decisiones contrarias a la Constitución, abusivas y arbitrarias.

Por su parte, el abogado y politólogo Luis Salamanca defiende que el desacato cesó el momento en que los diputados de Amazonas se desincorporaron. Por ello catalogó como «absurdas» las razones de las que se sustenta el Gobierno.

“Al oficialismo no le gustó la forma como se desincorporaron, quieren una sesión formal, pero estoy seguro de que si la hacen buscarán otra forma de destruir a la AN. Maduro se acostumbró a mandar sin Poder Legislativo porque ninguna de sus decisiones le gusta. Esto sería un golpe de Estado judicial, dado que desconoce la elección popular”.

Agregó que aunque sería inconstitucional, en caso de que no pueda asumir la nueva directiva, el Parlamento debería seguir a cargo del actual presidente Henry Ramos Allup.

De igual manera, el abogado y ex parlamentario Ramón José Medina afirmó que la AN está legítimamente elegida y que de no permitir la instalación de una nueva directiva, quien estaría incumpliendo sería el gobierno.

“No encuentro en ninguna normativa legal alguna argumentación jurídica que el oficialismo pueda usar para fundamentarse y no creo que se vaya a poder hacer de facto porque la AN es un poder autónomo”, sentenció.


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