Súmate entregó a la AN expediente de rectoras con violaciones a la Constitución y Leyes Electorales
Súmate entregó el miércoles 07 de diciembre a la Asamblea Nacional (AN) el expediente que elaboró sobre la actuación de las cuatro Rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio, en el período de 2009 a 2016, años en los cuales desde el directorio del organismo electoral han cometido una serie de prácticas que van desde convocar y realizar elecciones cuando no corresponden, hasta llegar incluso a suspender y eliminar otras, colocándose por encima de la soberanía popular libremente expresada a través del voto, violando con ello los artículos 5, 6, 7, 63, 64, 72 y 293 de la Constitución, y 41 y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
La ONG indica en la correspondencia entregada a la directiva y jefaturas de fracciones de la MUD y el PSUV que la razón por la cual consignan este expediente es con el fin de que lo consideren en el debate de las sesiones plenarias en la cual nombrarán y juramentarán a los 2 Rectores del CNE y sus cuatro suplentes que sustituirán a las rectoras Socorro Hernández y Tania D´Amelio, en representación de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales y del Poder Ciudadano, respectivamente, cuyo período constitucional de siete años venció el pasado sábado 3 de diciembre de 2016. Aspira también que este expediente sirva como aval para cesar en la omisión legislativa de su antecesora (2011-2016), y asuma su atribución constitucional de seleccionar, nombrar y juramentar a los otros tres Rectores con sus respectivos suplentes, representantes de la Sociedad Civil, designados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el viernes 26 de diciembre de 2014, a pesar de una comprobada gestión en beneficio de una parcialidad política.
El expediente sobre las 4 Rectoras del CNE Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio contiene 18 de las más graves irregularidades, ilegalidades y omisiones cometidas durante su gestión desde 2009 a 2016, destacando las siguientes: concedieron un período adicional de 4 años a los miembros de los Concejos Municipales elegidos el 07 de agosto de 2005, al no convocar a su elección en agosto de 2009, sino para el 8 de diciembre de 2013; otorgaron un año adicional a los alcaldes electos en 2008, que debieron renovarse en 2012, comicios que realizaron el 8 de diciembre de 2013;no convocaron a Elecciones parciales de Diputado Nominal en la circunscripción 11 del estado Zuliaen 2014 (Municipios Lagunillas, Valmore Rodríguez, Baralt y Simón Bolívar), al producirse vacante absoluta por resultar electos como alcaldes de los Municipios Lagunillas y Valmore Rodríguez, el diputado principal Mervin Méndez y su diputado suplente Ender Pino, respectivamente, en las Elecciones Municipales del 8 de diciembre de 2013; no han convocado a las Elecciones para Alcaldes en los municipios Arismendi del estado Sucre y Pedro Gual del estado Miranda, aunque ambos fallecieron en los meses de julio y octubre del año 2014, respectivamente, es decir antes de cumplirse la mitad de su período constitucional y legal; eliminaron las Elecciones al Parlamento Latinoamericano en 2015 tal como lo informaron el 07 de mayo de ese año en nota de prensa publicada en su portal web; omitieron pronunciarse sobre la re-incorporación a sus cargos de los alcaldes en los Municipios San Francisco del Estado Zulia, y Guanare del Estado Portuguesa, luego de resultar electos como diputados Lista a la Asamblea Nacional en las Elecciones Parlamentarias del 06 de diciembre de 2015; no han convocado a las Elecciones Regionales, que deben ocurrir a más tardar en diciembre de este año 2016; y suspendieron el pasado 20 de octubre la Solicitud del Referendo Revocatorio del Presidente de la República Nicolás Maduro, acatando decisiones de tribunales penales de primera instancia y sin ejercer la consulta ante ninguna instancia superior y de manera inmediata, lo cual es una clara muestra parcialización con la defensa del derecho del funcionario revocable, en detrimento del derecho a revocarlo que tienen los electores.
Súmate espera que este expediente sobre las graves irregularidades, ilegalidades y omisiones cometidas por las Rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio desde 2009 a 2016, contribuya con la restitución de la institucionalidad del Poder Electoral y permita, a su vez, que en Venezuela podamos tener elecciones que gocen de la confianza de los electores y actores políticos, para lo cual es indispensable que se cumpla con todos los principios establecidos en el artículo 293 de la Constitución de “…igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional…”, y de esta manera facilitar la resolución de los conflictos políticos, económicos y sociales, que actualmente atraviesa el país.