Expresidentes piden a la OEA que realice un informe sobre el estado del diálogo en Venezuela

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) sobre Venezuela, saludamos a su pueblo con motivo de celebrar, el próximo 6 de diciembre, el primer año de haber expresado, mediante el voto, su insobornable voluntad de cambio en democracia y de otorgar un mandato claro, al efecto, a las fuerzas de oposición al régimen de Nicolás Maduro Moros representadas en la Asamblea Nacional elegida en memorable y similar día.

Tenemos presente, como lo manifestáramos preocupados en nuestra declaración del 13 de mayo pasado, el acuerdo luego dictado por la Asamblea Nacional electa y ya en ejercicio, adoptado el día 10 de mayo anterior, mediante el que denuncian ante el país y la comunidad internacional la sobrevenida “ruptura del orden constitucional y democrático”, al decidir el Presidente de la República gobernar por decreto, y en colusión con el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por éste, hacer declarar inconstitucionales todas las leyes aprobadas por dicha Asamblea para no ejecutarlas.

En declaración siguiente, de 31 de mayo de 2016, tomamos nota del Informe del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, narrativo de las alteraciones graves al orden constitucional y democrático ocurridas y de la severa crisis humanitaria – alimentaria y de salud – que hoy sufre toda la población venezolana; y previnimos a la opinión internacional sobre la iniciativa de diálogo planteada por el mismo gobierno responsable de tales situaciones con apoyo de la Secretaría de la UNASUR y el deliberado propósito de desacelerar la legítima protesta democrática y pacífica.

Entonces señalamos, categóricamente, que un diálogo sincero y democrático, “inexcusable para los demócratas, debe fundarse en la verdad, la justicia y el restablecimiento del Estado de Derecho”, lo que implica como condiciones previas “la liberación de los presos políticos, la garantía del derecho del pueblo a su participación democrática mediante referendos y el respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional, depositaria de la soberanía popular en toda democracia”.

Considerando.

Que la Asamblea Nacional de Venezuela, en acuerdo del 13 de octubre último desconoce, expresamente, “la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia” que han venido contrariando el orden constitucional y democrático y la soberanía popular que aquélla representa; tanto como urge al Poder Electoral disponer de las condiciones para que el pueblo venezolano, conforme a la Constitución, ejerza, según lo dispone la Constitución, su derecho al voto – al haberse suspendido por instrucciones del gobierno el ejercicio del referendo revocatorio y las elecciones de gobernadores – e insta a la Fuerza Armada para que haga respetar la voluntad del electorado y coadyuve “en el restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos”;

Que en el diálogo que realizaran el gobierno de Nicolás Maduro Moros y representantes de una parte de la Mesa de Unidad Democrática opositora, con la facilitación o acompañamiento del Vaticano, el reciente 11 de noviembre se anuncian unos acuerdos que, aparte de desfigurar las realidades antes descritas omiten lo sustantivo en cualquier democracia, a saber, el respeto de la soberanía popular y del derecho al voto como vía para la superación, en libertad, de los conflictos políticos y el logro de una paz sustentable con fundamento en la Justicia;

Que, al momento de debatirse en el Consejo Permanente de la OEA, el 16 de noviembre siguiente, el texto de una breve declaración de apoyo a dicho diálogo demandando de las partes “alcanzar resultados concretos en un plazo razonable para poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela”, su adopción es protestada por el mismo gobierno venezolano.

Que los acuerdos citados, como la inmediata y efectiva liberación de los presos políticos, han sido palmariamente desconocidos por el gobierno mientras el Tribunal Supremo de Justicia prohíbe a la Asamblea Nacional debatir sobre la responsabilidad política del Presidente de la República y suspende el derecho a la protesta democrática, fracturándose el sentimiento del pueblo venezolano opositor y sufriente de la crisis.

Declaramos:
a) Nuestra convicción en cuanto a que el diálogo como formalidad y con propósitos de distracción prostituye la práctica de la democracia y su esencia, que no es ni puede ser otra que el fortalecimiento de la libertad: sea la libertad del pueblo para decidir soberanamente sobre su destino, sea – en el caso – la libertad de quienes son víctimas de persecuciones o prisión por sus ideas.

b) Nuestro deseo de que la Organización de los Estados Americanos y su Secretaria General provean, con la premura que demanda la violencia estructural que cada día cobra decenas de vidas en Venezuela y provoca la hambruna generalizada, un informe sobre el estado del diálogo en Venezuela y la sugerencia de alternativas inmediatas que contribuyan al restablecimiento inmediato del hilo democrático en el país.

24 de noviembre de 2016.

Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Belisario Betancur, Colombia
Armando Calderón Sol, El Salvador
Felipe Calderón H., México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Fernando de la Rúa, Argentina
Vicente Fox, México
Eduardo Frei, Chile
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Jamil Mahuad, Ecuador
Luis Alberto Monge, Costa Rica
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Sebastián Piñera, Chile
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Álvaro Uribe V., Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

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