Artículo de Capriles: “No es momento de bajar la guardia y tirar la toalla”

Para el momento en que escribo estas líneas aún no se conocen los resultados de los encuentros que se han dado entre distintos representantes de la Unidad y el Gobierno bajo la mirada del Vaticano.

Sin embargo reafirmamos nuestra convicción democrática y constitucional frente a un Gobierno que pisotea nuestros derechos fundamentales constantemente.

Pese a que nuestra Constitución Nacional consagra derechos políticos, la garantía de escoger y de elegir a quienes hayan de ejercer las funciones de gobierno, a través del voto, ha sido secuestrada en Venezuela.

Aunque el texto constitucional consagra una participación política real mediante referendos, cabildos y asambleas que tienen carácter vinculante, ese derecho está siendo pisoteado con la nueva sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando se declara inadmisible la solicitud de reanudar la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad.

Esto no debe sorprendernos pero contribuye a profundizar la crisis, ya hemos visto como la Sala Constitucional es un pequeño tribunal desde donde Maduro se despacha y se da el vuelto. Para garantizar la integridad constitucional, es necesario contar con un Poder Judicial realmente independiente, capaz de enfrentar de una manera equilibrada, los actos emanados del Poder Público.

En pocas palabras, Nicolás Maduro le niega al pueblo normas constitucionales que tienen como fin la intervención real y efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos directamente, como lo establece el artículo 70 de la Carta Magna, que dice que son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros.

Y es que elegir es un derecho que tenemos los venezolanos y así lo consagra el artículo 63 de Constitución, en el que se prevé que ese derecho se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, pero como Maduro y su cúpula corrupta quieren mantenerse anclados en el poder pisotean esa garantía, es decir, Nicolás Maduro nos está negando el derecho a revocar y eso no lo podemos permitir.

Los enchufados deben entender que la tesis de que el pueblo está confundido con los problemas económicos y no tiene criterio para escoger su destino, es un completo absurdo, porque no pueden pretender como aseveró nuestro alcalde de Baruta, que el “pueblo no es sabio solo cuando te apoya e ignorante y manipulado cuando deja de hacerlo”. No permitir el Revocatorio y suspender las elecciones regionales para mediados de 2017, es una clara demostración de que el gobierno se sabe perdido y no quiere ceder espacios de poder.

Los venezolanos les hemos dado muchas oportunidades al Gobierno para que tome las decisiones correctas para llevar a Venezuela por el buen camino. También hemos sido muy pacientes y les hemos dado la oportunidad de rectificar sus acciones y su actitud. Sin embargo esto no ha ocurrido hasta ahora y justo cuando la Constitución nos da la posibilidad de entonces tomar los venezolanos la decisión de cambiar, el gobierno, temeroso por perder el poder, pisotea nuestros derechos.

Si la mesa de encuentro, en donde nos acompaña el Vaticano, no da resultados concretos, la responsabilidad es del Gobierno. Es el Gobierno quien nos condujo a todo este desastre que se agravó más con la ruptura del hilo constitucional tras el secuestro del Referendo Revocatorio, en sus manos está retomar el orden y cumplir con la Constitución.

Si no hay resultados, una vez más, el gobierno se estaría poniendo a espaldas de lo que quieren los venezolanos. Recordemos que el 80% del pueblo quiere cambio, porque sabe que es la única forma para salir de la tragedia económica que estamos atravesando. Estamos al límite, porque la situación económica es una bomba que puede explotar en cualquier momento. La realidad económica de Venezuela es insostenible, inviable y si no resolvemos la crisis política, si no cambiamos el gobierno, si no votamos, seguiremos cada vez peor, porque el gobierno es un obstáculo para cambiar la economía.

Una de las señales de cambio que pedimos al gobierno fue que abriera un canal humanitario que permitiera a los venezolanos recibir comida, medicinas y artículos de primera necesidad.
Para quien no lo sabe, el pasado 18 de julio, gracias al esfuerzo de un grupo de venezolanos en Chile y la ayuda de diferentes entes chilenos e internacionales, salió del hermano país un contenedor con 75.948 unidades de medicamentos. A La Guaira llegó el 23 de agosto y luego de haberse realizado las gestiones con las autoridades locales, apoyados por el Nuncio Apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, e inclusive desde el Vaticano, las autoridades competentes se negaron a permitir la entrada de los medicamentos. A finales de septiembre se venció una parte de las medicinas sin que llegara a manos de gente que lo necesita para restablecer su salud. Si el contenedor permanece en el puerto y no es liberado, se terminarán por vencerse el resto de los medicamentos.

Solo una llamada basta, porque así controla todo el gobierno, pero simplemente no quiere hacerlo porque eso evidenciaría internacionalmente su fracaso rotundo en materia de salud.
Por donde se vea la institucionalidad está podrida en Venezuela, solo la Asamblea Nacional es un poder realmente autónomo, todos los demás están secuestrados y arrodillados frente a Maduro. Por eso debemos insistir en el rescate de la Constitución y eso pasa por una renovación de las instancias. Entre esas acciones debe procederse cuanto antes con la renovación de 2 rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyo periodo vence el 4 de diciembre; ya que necesitamos un nuevo Poder Electoral que restablezca las garantías electorales de los venezolanos y no que las siga acomodando los procesos comiciales al criterio de Maduro.

Ahora más que nunca, no es momento de bajar la guardia y tirar la toalla, sino de activarnos y seguir luchando, pero eso no significa una batalla como lo plantea el gobierno con su lenguaje de guerra. Nosotros somos demócratas, no golpistas; no creemos en atajos y nunca vamos a tomar las armas como lo hicieron ellos. Nosotros seguimos creyendo que estamos cerca del cambio político, pero el pueblo no puede depender exclusivamente de lo que haga o no la MUD.

El cambio solo será posible si todos nos mantenemos activos en la agenda de lucha por recuperar los derechos perdidos.
Estamos convencidos de que sí es posible tener una economía productiva en Venezuela. Con trabajo y esfuerzo podemos sacar al país adelante, pero no podemos rendirnos, debemos reactivar nuestra agenda de lucha, porque no podemos permitir que todos los días se violen las garantías constitucionales. ¡Qué Dios bendiga a nuestra Venezuela!

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