Gobierno obliga a los trabajadores públicos a marchar a Miraflores
Marcha oficialista | Foto referencial / AP
Los empleados públicos, por ‘orden de arriba’, deben estar en sus puestos para movilizarse cuando el Gobierno les requiera para participar en la “vigilia de Miraflores”, que el oficialismo convocó hasta el 3 de noviembre, día en el que la oposición se movilizará hasta el Palacio de Miraflores para exigir la restitución del hilo constitucional.
Así lo denunciaron sindicalista y funcionarios del sector público:
“En el ministerio nos dijeron que el trabajo administrativo correspondiente a nuestras funciones pasa a un segundo plano porque la prioridad es estar en la calle para evitar que la oposición llegue a Miraflores”, afirmó una empleada que prefirió el anonimato.
De igual manera, otro trabajador relata: “El director nos informó que no aceptarán excusas como reposos médicos ni la muerte o enfermedad de un familiar para justificar la falta al trabajo. Todos los trabajadores tienen que estar a la disposición o atenerse a las consecuencias”.
Trabajadores del sector público le han informado a la dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), Marlene Sifontes, que “diariamente pasan lista con el fin de comprobar la asistencia del personal y garantizar la gente para las movilizaciones y concentraciones”.
“En esta etapa en que el pueblo sale a la calle a defender el orden constitucional y el revocatorio, la arremetida del gobierno contra los empleados públicos será mucho más dura”, advirtió Serbando Carbone, coordinador de la Federación de Trabajadores del Sector Público.
Indicó que “el gobierno necesita garantizar la asistencia de 3 millones de trabajadores de la administración pública porque perdió su poder de convocatoria en la población venezolana, que está molesta porque le están arrebatando sus derechos constitucionales”.
Carbone señaló que una muestra de la necesidad del Gobierno de contar con muchos marchistas obligados es que no se han concretado más despidos de trabajadores.
“Sin embargo, los jefes y directores de los ministerios, institutos autónomos, fundaciones y empresas del Estado persisten en amenazar con el despido y otras sanciones administrativas a los trabajadores para obligarlos a ir los actos convocados por el gobierno”, advirtió el sindicalista.
Calificó de irresponsable una “orden gubernamental y del PSUV de que la administración pública no preste sus servicios porque el personal ha sido reclutado para acudir a los actos proselitistas”.
Con información de El Nacional
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