Funcionarios serán amonestados si no asisten a la marcha oficialista del 1-S

marcha oficialista | Foto: Archivo

Marcha oficialista | Foto: Archivo

La directora del sindicato del Instituto Nacional de Imparques, Marlene Sinfontes, aseguró que los trabajadores del sector público recibieron comunicaciones internas verbales y por escrito que los presiona a asistir a la marcha oficialista convocada para el próximo 1ro de septiembre, publica El Nacional.

«La orden a los directores y jefes es descontar el día de sueldo y aplicar una amonestación al funcionario que falte al trabajo o no asista al acto del gobierno», precisó.

Asimismo, adelantó que el Gobierno ingenia una estrategia para evitar que los trabajadores participen en la marcha opositora, ‘Toma de Carcas’. 

Sinfontes detalló que el Ejecutivo dio instrucciones a los organismos e instituciones para “cancelar, como sea, el ticket de alimentación entre ayer viernes y el próximo lunes, con el fin de convencer a los empleados públicos de devolver el gesto del gobierno con la asistencia a la marcha oficialista”.

Ante esto, insistió en que “este primero de septiembre los trabajadores deberían ejercer su derecho de marchar y apoyar la tendencia política de su preferencia como lo establece la carta magna, cuestión que el gobierno no quiere aceptar”.

Por su parte, el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Serbando Carbone, señaló que “con el pago adelantado del ticket, el gobierno pretende comprar a los empleados públicos, pero los trabajadores están demasiado molestos por los atropellos patronales”. 

Carbone dijo que las amenazas de despido hechas por los distintos dirigentes oficialistas, son parte de la política del gobierno para reducir personal en la administración pública centralizada y descentralizada.

Esta acción ya ha sacado a 400.000 trabajadores mediante despidos y  jubilaciones anticipadas y forzadas, para colocar en su lugar a jóvenes 100% leales al modelo gubernamental”, añadió el dirigente. 

El coordinador de la Asociación Civil de Defensa de los Derechos Humanos, Rafael Narváez, recordó que ayer vienes venció el plazo de 48 horas dado públicamente por Maduro a los ministerios para remover a los funcionarios de sus cargos.

Narváez repudió que el Ministerio Público y la Policía Nacional se mantengan en silencio ante esta situación, al igual que deploró la posición del defensor del pueblo, Tarek William Saab, que consideró “tímida, frente a las amenazas públicas y notorias contra los trabajadores”.

Sostuvo que la situación impone una medida cautelar para todos los funcionarios, pues son víctimas de la persecución y al apartheid laboral.

 

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