A punto de cierre están 72 clínicas subsidiadas por el Seguro Social

Empresas de seguro social a punto de quiebre |Foto: Twitter

Empresas de seguro social a punto de quiebre |Foto: Twitter

El día de ayer un grupo de personas decidieron protestar en Caracas por la deplorable situación en las que se encuentran las clínicas subsidiadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).  

Al menos 5.710 personas, entre ellos pacientes geriátricos, psiquiátricos, farmaco-dependientes, custodiables (personas con algún tipo de discapacidad) y con VIH que están en riesgo de perder sus atenciones médicas ante un posible cierre por falta de recursos en las 72 clínicas que se encuentran a nivel nacional. 

Leonardo Martínez, director de la residencia geriátrica Clínica San Miguel, de El Paraíso aseguró que debido a la situación  lo que recomienda el Seguro Social es que los pacientes o los viejitos vuelvan al cuidado en casa con sus familiares. 

El lema del Seguro Social es agarren a sus viejitos y llévenselos para su casa, están mejor allá, sin darse cuenta de que se trata de pacientes que requieren una atención particular, con medicamentos y profesional especializado”, explicó.

Asimismo, Martínez explicó que en su centro, dedicado con exclusividad a pacientes del IVSS, necesitan entre 6.000 y 7.000 bolívares al día, como mínimo, para garantizar las 3 comidas y la merienda de los 50 ancianos allí hospitalizados. El Seguro Social solo les asigna 2.099,26 bolívares de subsidio diario: “Nos dijeron que si no podíamos que cerráramos y ya”.

Algunos de los que protestaban estaban desesperados y tristes. Se confesaron incapaces de resolver el problema de sus familiares. Como es el caso de Emely Mendible, cuyo padre vive desde hace cinco años en la Casa Hogar Galipán, en El Paraíso.  O como caso de Yamilé Herrera, cuya mamá reside en la Clínica San Miguel, en la misma urbanización. Ninguna de las dos tiene un espacio propio ni dinero para costear la manutención a sus parientes. 

“¿Qué hago con mi mamá? En lo que va de año la he cambiado de tres centros de atención porque todos han desmejorado y ella ha perdido 9 kilos de peso en los últimos meses. No es una viejita que cualquiera puede cuidar. Por su enfermedad intentó atacar a una sobrina. ¿Por qué los directivos del Seguro Social no ven nuestras necesidades?”, se preguntó llorando y avergonzado de sus lágrimas Henry Morales hablando del caso de su mamá, María Inés Pernía con 81 años de edad padece esquizofrenia y para ella es necesaria la atención especial. 

INDOLENCIA OFICIAL

 Ni a Henry Morales  ni a Carolina Mendible, Zaida Carrillo, Sonya Ortiz, Luis Alberto Gómez, Margarita Ríos, José Borrego, Rafael Arturo o Patricia Núñez, ni a los muchos manifestantes que se apostaron a protestar para llamar la atención del presidente del IVSS, Carlos Rotondaro, los escucharon. 

“Mi hija tiene psicosis y una especie de retardo mental. Es una paciente custodiable de la Clínica Cayaurima de San Bernardino. Los hospitalizados allí no se valen por sí mismos. Debo trabajar por su sustento, pero tampoco la echaré a la calle. ¡Tendré que deambular con ella!”, comentó Margarita Ríos.

En la protesta también estuvieron 15 pacientes del Centro de Rehabilitación Tía Panchita de la Alta Florida, donde atienden a personas farmacodependientes. Uno de ellos, Rafael Rangel, lamentó el posible cierre del lugar en el que ha sido consciente de su enfermedad: “Esto es nefasto. Hay gente que quiere curarse y salir de la adicción”.

De igual forma, Patricia Núñez contó las mejorías de su hijo Luis, de 18 años de edad, que llegó a vivir en la calle por problemas de drogas: “En Tía Panchita ha tenido un cambio grandioso en los últimos cinco meses. Tengo miedo de que recaiga”, dijo.

Hubo gritos y expresiones de indignación cuando se enteraron de que el responsable de la institución no estaba en el edificio y que la comisión integrada para hablar con él en su oficina, al parecer en el  penthouse de la edificación, apenas llegó hasta la planta baja donde les pidieron que esperaran una semana más. Les prometieron que el jueves 25 de agosto un funcionario del Ministerio del Trabajo de apellido Vera los atenderá.

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Con información de El Nacional 

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