Defensoría del Pueblo es cuestionada por su inacción en el respeto de los DDHH
En Venezuela no se están garantizando los derechos |Imagen referencial
En algunos medios de comunicación internacional se relatan algunas cosas que suceden en el seno del país como las comunes y largas colas, la peligrosa inseguridad, la muerte por falta de medicamentos, entre otras causas que directamente indican que el país no se respetan los Derechos Humanos.
Según Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas los países miembros deben ser activos promotores de los DDHH. Y Venezuela a pesar de ser un reciente miembro, desde el 2015, ya está a punto de perder su puesto. Ya que la ONU decidió pasar de la categoría A a la B a la Defensoría del Pueblo en el país por no resguardar los derechos fundamentales de los venezolanos.
Una de los principios de París, que establecen cómo debe ser el funcionamiento de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, establece que las instituciones competentes deben ser “independientes” y “pluralistas” algo que se le está cuestionado a la Defensoría del Pueblo en Venezuela al mando de Tarek William Saab.
La recomendación de la ONU, que sanciona al Estado venezolano, surge como respuesta a un informe presentado por cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Ginebra: Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis, Acción Solidaria contra el VIH-Sida y Espacio Público.
Desde el año 2013 estas ONG’S han estado cuestionando y siguiendo las acciones de la Defensoría del Pueblo frente a temas como el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión, la violencia social y la crisis sanitaria que vive el país.
Tras una revisión de las denuncias hechas por las ONG, la conclusión del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de Derechos Humanos fue puntual: La Defensoría del Pueblo carece de independencia y pluralidad.
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Un país por mal camino
Tras la sustitución de la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, quien manifestaba abiertamente su tendencia política a favor del Gobierno del fallecido presidente Chávez. La nueva gestión a cargo de Saab ha estado marcada por la inacción ante distintos casos de presunta violación a los derechos humanos.
El subcomité de la ONU mantuvo comunicación con Saab apenas asumió su nuevo cargo para solicitar información sobre la resolución 008610, que permite el uso de armas de fuego para controlar el orden público, al tiempo que se pidió poner al tanto a la organización sobre las detenciones de la jueza María Lourdes Afiuni, el dirigente político Leopoldo López y el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, así como el estado de excepción y deportación de colombianos en agosto de 2015, y la reclusión en La Tumba de Lorent Saleh y Gabriel Valles.
Aunque el subcomité reconoció en su informe que el defensor del pueblo no ha dejado de responder, indica que la información que ha aportado no es suficiente.
Ante tales señalamientos Saab no tardó en manifestar su molestia, y presentar este martes un informe de más de mil páginas, donde, según dijo, se detallan todas las acciones que ha emprendido la defensoría para proteger los derechos civiles.
Saab destacó el caso de los estudiantes Lorent Saleh y Gabriel Valles, cuyos familiares, a su parecer se han manifestado muy conformes con las acciones de apoyo que ha ofrecido la institución.
Sin embargo, fue la misma abogada de ambos jóvenes, Tamara Sujo, quien se dirigió hace pocas semanas a la Corte Penal Internacional para denunciar la sistematización de las torturas por parte del Estado venezolano, algo que Saab no se ha preocupado en aclarar.
En la denuncia emprendida por Sujo, se detalla que los tratos crueles, inhumanos y degradantes se han convertido en una política de Estado, para intimidar y castigar a opositores y manifestantes en el país.
Entre los métodos de tortura más utilizados Sujo mencionó los golpes y puntapiés en todo el cuerpo, uso de shock eléctrico, asfixia con bolsas plásticas que en algunos casos están impregnadas de gases tóxicos, posiciones degradantes por largos períodos de tiempo, aislamiento y torturas.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística (CICPC), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) son las instituciones que, según Sujo, presentan el mayor número de casos de tortura.
Negación de una crisis
En Venezuela no sólo se estaría criminalizando la protesta y torturando a quienes la ejercen, sino que además hablar del desabastecimiento de medicinas y alimentos que ha llevado a una crisis humanitaria parece ser un tema prohibido, aun cuando el mismo secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, lo confirmó. “En Venezuela las necesidades básicas no pueden ser cubiertas”.
En segunda categoría
Si Venezuela pasara a la categoría B por no respetar los Principios de París, las consecuencias serían inmediatas; dejaría de ser miembro activo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para ser un observador.
Tal sanción obligaría automáticamente a la representación diplomática venezolana a retirarse de su puesto en el consejo y dejaría en pleno manifiesto que las instituciones del Estado venezolano, dedicadas a la Promoción y Protección de los DDHH, carecen de pluralidad e independencia.
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Con información de El Carabobeño