Hospitales de Venezuela pueden dañar seriamente su salud

Hospital Luis Razetti de Barcelona | Meridith Kohut/ The New York Times

La crisis económica venezolana ha desembocado en una seria emergencia de salud pública que causa la muerte de un número incalculable de venezolanos. Los hospitales se han convertido en grandes edificios colapsados de personas que buscan ayuda desesperadamente sin encontrar soluciones inmediatas a sus problemas.

La mayoría de los servicios médicos están en situación crítica. Se han convertido en depósitos de camas y equipos abandonados, corroídos por el tiempo y la desidia.

Los pacientes deben llegar a las emergencias con medicamentos para ser tratados porque los médicos no cuentan con el material para trabajar: guantes, jabón, suero, soluciones, jeringas, gasas.

En las farmacias poco o nada se encuentra. La Cámara de Industria Farmacéutica (CIFAR) indicó que para enero de 2016 sólo podían surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

Para cualquier persona en el extranjero, esta situación del país puede ser algo surrealista, pero no es broma. Encontrar medicamentos tan cotidianos como el acetaminofen puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece una lista de 150 medicamentos que todas las naciones deben tener a disposición de todas las personas. La escasez de esos medicamentos es de 92%.

La atención pública y privada en salud en Venezuela depende en gran medida de las importaciones de los insumos básicos y accesorios, materiales e instrumentos médico-quirúrgicos, reactivos de laboratorio, equipos médicos y repuestos.

La Asamblea Nacional venezolana, ahora con mayoría de diputados de la oposición, aprobó a principios de este año la Ley especial para afrontar la crisis humanitaria en salud, donde exhortaba al Ejecutivo chavista a garantizar acceso a medicinas y permitir enviar medicamentos dentro del país.

Los venezolanos tenían la esperanza de que con esta acción todo mejoraría, pero el propio jefe de Estado, Nicolás Maduro, pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que juzgara si esta norma era constitucional debido a la “insensatez de los diputados de la oposición” al plantearla y darle visto bueno. El máximo tribunal venezolano la declaró inconstitucional.