Reforma de la Ley de Servicio de policía es vital para el cambio

Policía Nacional Bolivariana (PNB) |Foto referencia

Según los expertos en materia de seguridad nacional, la ley presentada y aprobada el 19 de mayo ante la Asamblea Nacional sobre la reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional es necesaria y vital para el cambio.

Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, indicó que la actual legislación establece las intervenciones policiales, los directores no los designan los alcaldes y gobernadores, entre otros aspectos que son considerados como una falla a largo plazo, reseña diario 2001.

“Es una ley completamente centralista que permitió el otorgamiento de credenciales de manera discrecional a cualquier cuerpo policial”, manifestó  la diputada.

Además, la norma privilegia la descentralización de los cuerpos de seguridad, “porque la única manera de prevenir el delito es dándole cumplimiento a las reglas de municipalización. Le devolvemos a los alcaldes y gobernadores la posibilidad de crear sus cuerpos policiales y de formarlos, convertir a los cuerpos policiales en cuerpos que sean completamente apolíticos y civiles, no militares”, explicó Solórzano.

Asimismo se elimina la Unes como único centro de formación policial, y se establece la gratuidad de dicha formación.

Solórzano, además, en la reforma, prohíbe que los políticos utilicen a funcionarios policiales como escoltas personales, ya que hay regulación en el Código Orgánico Procesal Penal que no se toma en cuenta.

Además, se pretende eliminar el hacinamiento, para evitar que se usen los calabozos de los cuerpos policiales como prisiones alternativas.

“Entre 24 y 27 mil presos en los calabozos de los cuerpos policiales, prácticamente cortamos a la mitad de la población penitenciaria del país”, informó la diputada.

Sobre este punto, indicó que se recuperaría al personal asignado a resguardar presos en lugar de resguardar a las personas y sus bienes en las calles.

“Según la reforma de ley se contendrán en comisarías a las personas que estén únicamente en condiciones de arresto y eso tiene unas particularidades durante el tiempo que dura el proceso de presentación ante el tribunal. Del resto, tienen que estar en centros de privación de libertad”, aclaró la diputada.

Con esta ley  se le devuelven las armas que les fueron “arrebatadas” a los policías por medio de una resolución del Ministerio de la Defensa y que los ha dejado sin poder de fuego frente a una realidad que presenta a delincuentes que tienen en sus manos granadas y armas de guerra.

“Esta reforma derogaría esta resolución, porque no hay manera real de que los funcionarios policiales puedan combatir el crimen así. Hay que establecer las regulaciones y eso sí se tiene que hacer mediante reglamentos”, compartió, recordando que a la gobernación de Miranda le quitaron más de tres mil armas de fuego que posteriormente fueron identificadas en manos de algunos colectivos armados irregulares.

Por su parte, Luis Godoy, criminólogo y exjefe de la División de Homicidios, de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), indicó que debe haber una diferenciación exacta y delimitada de las funciones de cada cuerpo policial, de manera que no haya dualidades de competencia.

“No estoy de acuerdo con que la Policía Nacional trabaje delitos de drogas y antidrogas como investigación. Su competencia debería ser única y exclusivamente el patrullaje y la prevención en la calle”, consideró.

Por otra parte, cree que debe centralizarse la información; es decir, en cuanto a detención de individuos, procesados, detenidos por tribunales, vehículos recuperados, secuestros en vivo, para que sea compartida de forma coordinada.

“En la Gran Caracas debe haber un call center del cual dispongan todas las policías, para que se planifiquen los cierres de ciudad o las capturas de los individuos que están cometiendo un delito”, explicó.

Hizo hincapié en la importancia de diferenciar los uniformes de las policías municipales porque en la actualidad se presta para confusiones.

Por último, destacó que los requisitos para la designación de los directores debe estar claramente establecidas en esta reforma. “La ley existe y indica que debe ser de carácter civil, y vemos como a la Policía Nacional la comanda un militar”.

Javier Gorriño, el criminólogo , apoyó que se dirija la normativa a la descentralización, y que se devuelvan las armas a los policías.

“El mayor fallo actual es la centralización; desde Caracas se quiere manejar Tucupita y eso no es así. Cada uno cuenta con sus realidades y el alcalde que quiera hacer un buen servicio de policía está limitado porque todo tiene que pasar por el Ministerio”, expresó Gorriño.

Resaltó que esta ley elimina las zonas de paz. “Las prohíbe taxativamente. No puede ha-ber zonas donde no pueda entrar la policía, donde no se puedan hacer operativos. Eso sí, cumpliendo en caso de allanamiento los requisitos de ley”, explicó.

El criminólogo Gorriño celebró que se le devuelva la competencia al Distrito Federal para que cree su policía, y que pueda colaborar con todos los entes policiales en el Área Metropolitana.

Con información de 2001