Activistas y ONG exigen respuestas al Estado por crisis de salud ante el TSJ
Entregan al TSJ documento para exigirle respuestas al Estado por la crisis del sector salud | Foto: Archivo
Un grupo de activistas y organizaciones no gubernamentales entregaron hoy un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir respuestas del Estado venezolano frente a la profunda crisis de salud.
Algunas de las organizaciones no gubernamentales que participaron está la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Fundana, Prepara Familia, Observatorio Venezolano por los derechos humanos de la Mujer, Voces Vitales de Venezuela, y Asosaber.
En el documento se señala que la grave crisis de salud por la que atraviesa Venezuela impacta mucho más en las mujeres, y afecta derechos fundamentales como: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, el derecho a obtener información en planificación familiar, el derecho a acceder a métodos para la regulación de la fecundidad (anticonceptivos), el derecho a la autonomía reproductiva y el derecho a no morir por causas relacionadas con el VIH/SIDA, que el Estado está obligado a respetar, según las normas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres.
Asimismo en el texto se citó el artículo 76 de la Constitución, pues, la escasez de anticonceptivos como el condón afecta el derecho a la autonomía reproductiva, en la cual, las mueres (principalmente) pueden controlar cuántos y cuándo procrear. Además, la escasez de preservativos, implica un alto riesgo para la población en general, de contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.
Mientras a nivel global la incidencia de VIH/SIDA entre mujeres disminuye, en Venezuela existe una feminización de la epidemia dada la poca información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y a un sistema de salud que no garantiza el control oportuno y seguro de los embarazos.
El artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también dispone que el Estado debe garantizar asistencia y protección integral a la maternidad. Y actualmente no se está cumpliendo debido a que la profunda escasez e insumos médicos y medicamentos básicos como vitaminas para mujeres embarazadas, y el colapso de la infraestructura de salud que dificultan el trabajo en los centros de salud pública.
Además, existen reportes que indican que las mujeres deben recorrer hasta cinco establecimientos de salud antes de ser recibidas para dar a luz. Las cifras de mortalidad materna se mantienen altas y en incremento desde 2013, cuando se ubicaba en 406 para ese año. El 2014 cerró con una cifra 432 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos reportados.
Otros de los temas ante los cuales exigieron la acción del Estado venezolano son el aumento de las ya altas tasas de embarazo adolescente (la más alta de América Latina), y las consecuencias de salud como bajo peso al nacer, desnutrición y otros, exacerbados por la crisis; la aguda escasez de medicinas, insumos médicos y atención oportunas para el cáncer de mama; y la ausencia de datos e información sobre la relación entre el virus del Zika y las mujeres embarazadas en riesgo de tener bebés con microcefalia.
A través de este documento, las organizaciones y activistas firmantes se suman a la causa interpuesta el pasado 23 de mayo de 2016 por las organizaciones Provea, Cepaz, Codevida, Acción Solidaria, SenosSalud, Funcamama, Convite y Transparencia Venezuela ante la Sala Constitucional del TSJ demandando la protección del derecho a la vida y a la salud de los/as venezolanos/as en virtud de la aguda escasez de medicamentos e insumos médicos y solicitando la cooperación internacional en el marco de los derechos humanos.
Con información de Nota de Prensa