Contralor general no aclara si se investiga gestión del ministro Marco Torres
El Contralor General de la República, Manuel Galindo |Foto: Archivo
Manuel Galindo, contralor general de la República, al ser consultado, evitó hacer declaraciones concisas para aclarar si se lleva a cabo algún proceso de investigación sobre los presuntos hechos de corrupción denunciados por la Asamblea Nacional en el Ministerio de Alimentación, durante las gestiones del ministro Rodolfo Marco Torres y Carlos Osorio.
Al ser interrogado durante una rueda de prensa, Galindo expresó: “En mi gestión se respeta y respetará la integración (sic) personal del investigado. A todo investigado, desde el punto de vista penal, criminal y administrativo se le debe respetar las reservas de la resulta de la investigación. Incluso hay muchas investigaciones que no se deben, desde el punto de vista ético, moral administrativo y jurisdiccional, hacer públicas”.
Según declaraciones de los diputados Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela) e Ismael García (PJ), Marco Torres habría firmado al menos 4 órdenes de compra por 160 millones de dólares para 4 empresas, tres de las cuales están a nombre de un presunto testaferro de Jesús y Ernesto Marquina Parra, cuñados del ex ministro Carlos Osorio, lo que podría significar preferencia en el otorgamiento de contratos públicos.
El contralor también evadió dar respuestas sobre el resultado de la investigación de las llamadas “colitas de Pdvsa” (el uso de aviones de la estatal para beneficio de altos funcionarios) que su despacho adelantó el año pasado y en donde estaría involucrado el ex ministro Elías Jaua.
“Esa investigación se hizo en la gestión anterior y obtuvo unas resultas que le fueron notificadas al investigado, el diputado Elías Jaua. Para nosotros ese expediente está cerrado y no lo podemos divulgar porque necesitaríamos la autorización del investigado si el resultado fue en su contra o no”.
Reforma
Sobre la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría que promueve la Asamblea Nacional, Galindo aseguró que la oposición no posee los votos necesarios en el parlamento para aprobarla y que este proyecto tiene como fin apropiarse del control fiscal. Galindo aseveró que incurre en usurpación de funciones y que en última instancia su despacho acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar su nulidad.
“Uno de los aspectos violatorios de la Constitución se refiere a la necesidad de la mayoría calificada para la sanción de leyes orgánicas, y es sabido, público, notorio y comunicacional que la actual Asamblea Nacional carece de la mayoría calificada para aprobar este proyecto”, aseguró.
“El fin, de acuerdo con el análisis que hemos hecho, es empoderarse de alguna manera del control fiscal con visiones y basamentos exclusivos de carácter político y de perdón o amnistía camuflada dentro de ese proyecto reforma”, enfatizó Galindo.