Lea el artículo de Ramos Allup: “Otro Disparate de Maduro”

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La moción de censura aprobada por la AN al ministro Marco Torres por su nefasta gestión al frente del ministerio de la alimentación y por la crisis alimentaria, fue desconocida por Maduro, como se esperaba.

Antes de comentar la vía torpe que escogió para su desafuero, contrariando todas las recomendaciones de sus onerosos abogados, señalamos que la materia relacionada con la producción, importación y distribución de alimentos desde Chávez hasta aquí, ha sido un descomunal fracaso dirigido por 7 militares: general Rafael Oropeza, coronel Félix Osorio, general Carlos Osorio, general Hebert García Plaza, coronel Iván Bello, mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio y general Rodolfo Marco Torres, y una funcionaria civil, Erika Farías, designada y luego removida por el propio Chávez por razones que en este limitado espacio no voy a comentar.

Los organismos participantes en la cadena sin fin de corruptelas, escándalos, toneladas de alimentos podridos aparecidos en sitios diversos y otros ocultados e incinerados bajo fuerte custodia militar en establecimientos militares, tráfico de influencias, extorsiones y lo que a usted se le ocurra, fueron, hasta donde alcanza la memoria, Cadivi, Cencoex, Corpovex, Pdval (afamada como “pudreval”), Agropatria, Bariven, Casa, CVG Internacional, Suvinca, Vexinca, Mercados Bicentenario, Mercales, Mercalitos, etcétera.

Palabrejas como seguridad y soberanía alimentaria, misión alimentación y estupideces como los gallineros verticales, los huertos zamoranos, los sembradíos en platabandas y perolas, huertos en márgenes de carreteras, ruta de la empanada, areperas socialistas y demás ocurrencias del supremo bocón, constituyeron el complemento del fracaso. La escasez, el bachaqueo, las colas y los precios son la prueba y el resultado de esta política nefasta.

Maduro respondió a la moción diciendo que “a su ministro no lo remueve nadie”, y como medio de concreción de su alarde emitió el pasado 2 de mayo el decreto 2309, norma de rango sublegal, en el que plantea : 1) Desaplicar nada menos que la Constitución, vía ésta a la cual nunca se atrevió ninguno de los dictadores que ha padecido nuestro país, y 2) La posibilidad de promover ante su bufete particular, la embarrada y desacreditada sala constitucional del tsj, un recurso de controversia constitucional para dirimir en este caso la discrepancia entre el Poder Legislativo Nacional y su régimen.

Pero sucede que aquí no hay controversia alguna que resolver porque, según ordena el artículo 187 de la Constitución, la AN tiene la facultad de emitir votos de censura al Vicepresidente y a los ministros sin que ningún otro órgano del poder público pueda revisar esa decisión, que una vez emitida produce inmediatamente la destitución del funcionario sancionado.

El recurso de controversia sólo procede cuando respecto de un acto determinado haya competencias coincidentes y criterios discrepantes respecto de ellas entre más de un órgano del poder público.

Si la AN no puede promover semejante recurso cuando el presidente nombra al vicepresidente o sus ministros porque ello es de su estricta competencia, el presidente tampoco puede hacerlo cuando la AN en ejercicio de su facultad exclusiva emita moción de censura contra el vicepresidente o los ministros.

Ya todas las embajadas acreditadas en el país saben de la censura a Marco Torres y de sus consecuencias, y seguramente lo informarán a las empresas de sus países.