Maduro solicitó al TSJ revisar otras dos leyes aprobadas por la AN

Nicolás Maduro junto a presidenta del TSJ, | Imagen de referencia

Presidente Nicolás Maduro junto a presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez | Imagen de referencia

El presidente de la República, Nicolás Maduro, llevó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) otras dos leyes aprobadas por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional en las últimas semanas, con el propósito de que el organismo rector las anule.

Los instrumentos que el Jefe de Estado recurrió ante la Sala Constitucional son la reforma de la Ley Orgánica del máximo juzgado o Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por el Parlamento en sesión ordinaria del 7 de abril; y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sancionada el día 13 de abril.

La información figura en las cuentas número 69 y 71 de la intérprete de la Carta Magna.

En cuanto a la modificación a la Ley del TSJ, esta tiene como objetivo aumentar de siete a 15 el número de magistrados de la Sala Constitucional. Esta reforma será estudiada por el magistrado Arcadio Delgado; mientras que la que busca darle la propiedad de las viviendas que ocupan a los beneficiarios de la Misión Vivienda será analizada por la magistrada Lourdes Suárez Anderson.

“Hoy entregué un documento al TSJ en donde impugno y solicito se declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Asamblea Nacional (…) que pretende acabar con la Gran Misión Vivienda Venezuela”, afirmó el pasado 27 de abril el Jefe del Estado. Desde el oficialismo aseveran que el texto busca “privatizar” las viviendas.

El chavismo también ha cuestionado la modificación que la oposición pretende hacer al TSJ, por considerar que buscan “controlar” a la Sala Constitucional.

Esta no sería la primera vez que el mandatario intentaría operar por encima de la Carta Magna. La semana pasada Maduro rechazó e ignoró completamente la moción de censura implementada al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, por la Asamblea Nacional, al igual que ha rechazado en reiteradas ocasiones la proposición de la Ley de Amnistía.

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