Héctor Rodríguez asegura que los verdaderos “enchufados” son aquellos empleados públicos que votaron por el RR

Héctor Rodríguez|Imagen de Referencia

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el oficialismo, Héctor Rodríguez, aseveró desde las afueras de la AN en una rueda de prensa en el jardín del Parlamento, que los trabajadores públicos que firmaron por el Referendo Revocatorio “son unos verdaderos enchufados”.

Tales declaraciones de Rodríguez van en consonancia con el pronunciamiento de Diosdado Cabello, diputado de la Bancada del Polo Patriótico, quien aseguró hace poco que los funcionarios público que votaron por el Referendo Revocatorio deberían “perder” sus cargos. Ya que el oficialismo no acepta que personas que “no estén” de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional trabajen para él. Pues para Héctor Rodríguez esas personas “si son unos verdaderos enchufados”.

Sin embargo, la Constitución Bolivariana de Venezuela en el artículo 89 se estipula lo siguiente:

 El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: 1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley. (…) 4. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno. 5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. (…)

Es decir que los argumentos tanto del diputado Rodríguez como del diputado Cabello viola los preceptos que establece la máxima ley venezolana, la Constitución. Ningún funcionario público, ningún empleado debería perder su trabajo por razones políticas.