Sánchez Berzaín: el Gobierno de Venezuela es un grupo de “delincuencia organizada”

Que Venezuela está gobernada por una dictadura es una realidad que ni el propio régimen del socialismo del siglo XXI puede desmentir, pero además, los acontecimientos recientes con la comisión de delitos desde el Gobierno, verifican que el grupo de poder delinque a título de actos de gobierno con el propósito de obtener beneficios directos en el ejercicio de una autoridad tan dañina como ilegítima. Los hechos llevan a constatar que el Gobierno de Nicolás Maduro ejerce el poder como un grupo de delincuencia organizada.

Un gobierno es el encargado de dirigir al país, de mandar con autoridad y de administrar un estado en busca del mejor interés y beneficio de sus ciudadanos. En democracia el gobierno está sometido a la vigencia de la ley, al estado de derecho, a la división e independencia de poderes, obligado al respeto a los derechos fundamentales. Los individuos que lo integran son servidores públicos, tienen periodos limitados y preestablecidos de gestión como administradores y gestores de los bienes y recursos públicos, con la ineludible obligación de rendir cuentas y de responder por sus actos. Está establecido y se espera que los gobernantes cumplan sus funciones respetando la ley y sin cometer delitos, pero la realidad enseña que existen regímenes en los cuales todos estos elementos de normalidad han sido reemplazados por una “organización criminal” o por un “grupo delictivo organizado”.

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, en su artículo 2 inciso a, define “grupo delictivo organizado” como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. La misma Convención define “delito grave” como “la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”.

Si aplicamos los conceptos transcritos y otras definiciones de la Convención, como la de “grupo estructurado”, a los gobiernos no democráticos de América Latina, a los gobernantes del socialismo del siglo XXI, a sus prácticas habituales de gestión, podremos constatar que existen países dirigidos y bajo el control de “grupos delictivos organizados”. Que tienen agenda, procedimientos y acciones con los que luego de llegar a la jefatura del estado por medio de elecciones, han suplantado el orden legal, han terminado con la democracia, controlado todo el poder sometiendo a los demás órganos e incluso creado su propia legalidad. Peor aún, en su propio sistema legal, casi cada acto de gobierno equivale a una acción criminal, a un delito.

La enumeración de cuántos y qué delitos han cometido resulta un trabajo interminable, que puede cansar al lector, pero para sostener este análisis resultan suficientes recordar algunos: el sometimiento a poder extranjero respecto a la dictadura cubana y la entrega de bienes y recursos nacionales que están comprendidos como “delitos contra la independencia y la seguridad de la nación”, la decisión que acaba de emitir la Tribunal Supremo de Justicia respecto a la Asamblea Nacional, que cae en el ámbito de “los delitos contra los poderes nacionales” agravados por el interés propio, para cometer y encubrir más crímenes; la organización o tolerancia de grupos armados irregulares, los “delitos contra las libertades políticas” como el cometido contra venezolanos que, como Leopoldo López, son presos políticos con acusaciones y denuncias falsas y procesos manipulados con condena pre establecida, como medio de represión política judicializada.

Cada ciudadano puede aportar su propio ejemplo o caso de acciones del gobierno que constituyen delitos contra la libertad individual, contra la propiedad, contra la libertad de trabajo, delitos de abuso de autoridad, de violencia, de ultraje, contra el honor, delitos de orden público cometidos por funcionarios en ejercicio de poder público, con agravantes, con premeditación, alevosía y ensañamiento. Y todo esto sin mencionar los delitos vinculados con el narcotráfico que ha llevado a medios de comunicación e investigadores internacionales a mencionar a la Venezuela de hoy como un narcoestado.

El inconveniente actual es que no existe la posibilidad real de investigar, acusar y sancionar a los autores en la justicia venezolana, porque ésta simplemente no existe, está reducida a la condición de una tecla más del aparato dictatorial del poder, es parte de los ilícitos. Sin embargo, tratándose de un “grupo delictivo organizado”, que tiene bajo su control el poder ejecutivo, el poder judicial y otros órganos del estado, es importante poner a los miembros y beneficiarios de esta delincuencia organizada en la competencia internacional, en los parámetros y bajo los principios y definiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que sin duda los alcanza.

Esta tarea es extensible a los grupos delictivos organizados establecidos, como gobiernos en Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, con casos similares o más graves en los que sus ciudadanos y víctimas tienen la palabra.