Matheus: No está planteada la remoción de los magistrados del TSJ
Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, expresó que el Parlamento no plantea remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sino hacer una investigación sobre el procedimiento de su designación.
“Una cosa es la remoción de los magistrados, según artículo 265 de la constitución, lo cual supone una calificación de una falta como grave por el Poder Ciudadano para que se remuevan los magistrados pero eso es un procedimiento disciplinario. Eso no es lo que está planteado en este momento”, aclaró el diputado en una entrevista para Venevisión.
Matheus, Presidente de la Subcomisión Régimen Político y Administración de Justicia, informó que se han detectado irregularidades el procedimiento de asignación de magistrado del TSJ. “Nosotros vamos a levantar un informe y una vez que tengamos ese informe va ser presentado ente la plenario y que se debata para que se tome una medida”, sentenció.
El dirigente de Primero Justicia dijo que la Fiscal General de la República debe aclarar el informe presentado en la AN. “Las cifras fueron las grandes ausentes de esa rendición de cuenta, el mismo informe que presentó fue confuso. La fiscal puede ser llamada a comparecer por parte de la AN, el Parlamento puede citar, no sólo a los funcionarios públicos, sino también a cualquier venezolano”, agregó.
Matheus informó que en Venezuela la impunidad es de 98 % en caso de delitos comunes, en secuestros, corrupción y violación de los derechos humanos.“Tenemos una crisis profunda en el sistema de justicia que hace que los venezolanos vivamos con temor, con miedo. Todo esto es así porque se por una gran impunidad que ha engendrado este gobierno”.
El parlamentario indicó que en la AN se planteará la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, ley de reforma del sistema penitenciario y una ley de indemnización de víctimas de la violencia. También se propondrá llevar a los municipios la función de los fiscales del Ministerio Público (MP), y una ley de prevención del delito.