Asamblea Nacional
Con tan solo un mes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, con mayoría opositora, se ha llamado a presentarse los principales ministros y altos funcionarios del gobierno bolivariano ante el Parlamento Legislativo. Sin embargo, la mayoría de los citados han rehusado a asistir a la “Asamblea adeco-burguesa”.
Entre los que han sido convocados se encuentran: Luis Salas, representante de la Economía Productiva; Eulogios Pino, encargado de Energía y Petróleo; Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela (Bcv); Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios; Jorge Arreaza, vicepresidente para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, el Mayor General Néstor Reverol, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Ana María España, vicepresidenta de Pdvsa; Eduardo Orsoni, consultor jurídico de Pdvsa, se anexa en la lista la directiva de Cencoex. El coronel José Salvador Viloria, miembro de la directiva de la Cárcel de Ramo Verde; Jordan Rodríguez, presidente de Venezolana de Televisión. La fiscal Luisa Ortega asistió al hemiciclo porque le correspondía presentar su gestión del año 2015, y no por interpelación.
La única que ha asistido a presentar su trabajo de gestión ha sido la Fiscal General. Todos los demás han ignorado el llamado o la citación. Jorge Arreaza, Iris Varela, Nelsón Merentes, y los integrantes del gabinete económico han alegado que necesitan tiempo, por tanto se les ha reprogramado la cita ante la AN.
Sin embargo, el presidente del Circuito Penal y Judicial, y el vicerrector de la Universidad Militar Bolivariana, Rafael José Aguana, se reunieron con la Comisión Permanete de Defensa de la AN. Al igual que el General de División, Henry Timaure quien presentó el informe de la Ley de carrera y edcuación militar.
Según el artículo 222 de la Carta Magna, “la Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: la interpelaciones, las investigaciones, las preguntas…podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.” Es decir, la Asamblea Nacional está en completa constitucionalidad cuando llama a algún funcionario o ministro, puesto que le corresponde a su competencia.
En cuanto a las sanciones, aparece en la Ley sobre el régimen para la comparecencia de funcionarios públicos y los particulares ante la Asamblea Nacional o sus comisiones, en el título III, de la sanciones, el artículo 23 reseña que quién “…no asistiere o no las remita al acto en la fecha, hora y lugar fijados en la citación de comparecencia, se excuse de hacerlo sin motivo justificado, será sancionado con multa comprendida entre ciento cincuenta Unidades Tributarias (150 U.T.) y doscientas cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.). Si el emplazado fuere un funcionario o funcionaria, la multa será de trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.) a (600U.T)
Próximamente ha sido citado el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, a la Comisión de Medios de la Asamblea, a dar explicaciones de motivos sobre las inspecciones realizadas a medios de comunicación, quienes han denunciado la situación como un acto intimidación y censura. Cabe cuestionarse, si asistirá.
