Piden a la nueva Asamblea Nacional reformar la Ley Resorte
Piden a la nueva Asamblea Nacional reformar la Ley Resorte
El sector de la comunicación pide garantizar la libertad de expresión, investigar los procedimientos para la compra de papel periódico y reformar la Ley Resorte.
Uno de los momentos más celebrados de la instalación de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero fue el retorno de los medios de comunicación nacionales y extranjeros al Hemiciclo. Al día siguiente, lamayoría parlamentaria aprobó un acuerdo para permitir el ingreso de losperiodistas y personal técnico a las áreas de discusión plenaria y a lascomisiones permanentes.
Aunque ambos hechos son bien vistos por el sector de la comunicación, voceros del Bloque de Prensa Venezolano, del Colegio Nacional de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y del Instituto de Investigaciones de la Comunicación consideran que el Parlamento debe avanzar hacia una agenda de trabajo concreta. Opinan que debe incluirse la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la revisión de las leyes de Telecomunicaciones y de Comunicación Popular.
También abogan por que impulse y sancione una Ley de Accesoa la Información Pública, investigue el monopolio del Complejo Editorial Alfredo Maneiro para la venta de papel e insumos para la prensa, y regule el funcionamiento de los medios de comunicación del Estado, reseñó El Nacional.
“Para la AN es prioridad el tema económico, social y deamnistía; también lo es el derecho humano universal, fundamental y constitucional de la libertad de expresión”, aseguró el diputado BiaggioPilieri (MUD), quien promovió el acuerdo sobre la prensa.
Agregó que la agenda del sector comunicación incluye sincerar y normal la situación de ANTV y AN Radio, con cuyos trabajadores han comenzado a reunirse. Coincide en la necesidad de reformar la Ley Resorte”que ha estimulado la autocensura en los medios y establece sanciones apartir de un carácter considerativo de Conatel”.
El diputado por el estado Yaracuy también es partidario de regular a los medios públicos, debido a la naturaleza proselitista que han adquirido, así como normal las cadenas de radio y TV, y frenar las irregularidades en la venta y entrega de papel prensa.
“En la forma cómo el Complejo Maneiro distribuye el papel periódico no ha habido discrecionalidad, sino exclusión, sectarismo y pase de factura”, señaló.
Pilieri, que en la anterior AN planteó la crisis de papel envarios medios impresos del país, recordó que varios periódicos han tenido quecerrar sus puertas en las regiones y otros restringir su paginación por laescasez de insumos para su funcionamiento.
Impedir la criminalización
Carlos Carmona, presidente del diario El Im- pulso y miem- bro del Bloque de Prensa Venezolano, pide a la Asamblea que inves- tigue al Complejo Editorial Alfredo Ma- neiro. Dijo que no hay claridad en los procedimientos para la venta de papel y otros insumos para la prensa.
“No se entiende por qué le venden papel a unos medios y a otros no. Es un criterio excluyente. El Complejo Maneiro imprime seis diarios de forma gratuita, pero no hay papel para algunos periódicos. En el caso nuestro, por ejemplo, nos venden el papel graneadito. En diciembre pagué tres gandolas y me han despachado una sola”, indicó.
Carmona dijo que cada vez resulta más difícil el mantenimiento de los periódicos en el país con un dólar libre y refirió que la inversión que deben hacer los diarios incluye las planchas litográficas para imprimir. Añadió que esta situación ha generado que algunos periódicos regionales cerraran sus puertas temporalmente.
Destacó la urgencia de que el Parlamento regule el acceso a todos los organismos públicos, como gobernaciones y alcaldías. “Solo los medios oficiales son invitados a actos que son de interés público”, señaló. Agregó que los organismos del Estado ignoran las reiteradas solicitudes de acceso a la información pública.
Carmona señaló que también debe legislarse para impedir las limitaciones y la criminalización de medios y periodistas.
“Es sorprendente que en este país se persiga a 22 directivos de medios por reproducir información de terceros”, indicó.
Dirimir los casos en instancias civiles
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa valora el acuerdo sobre el acceso de los reporteros y medios al Hemiciclo y comisiones permanentes, pero pide reformar parcialmente el Reglamento de Interior y Debates. El secretario del SNTP, Marco Ruiz, cree que esto sería “sano” para evitar que la medida sea discrecional en el futuro.
Los artículos objetados por el SNTP son el 56, que limita la cobertura de las sesiones plenarias, y el 66 en el que se niega el acceso a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación al salón de sesiones.
Dijo que urge la reforma de la Ley Resorte que generó sanciones desproporcionadas y autocensura.
“La calificación de delitos también es discrecional y el Comité de Responsabilidad de Radio y TV está dirigido por operadores políticos. Esto hace que las informaciones no sean divulgadas oportunamente y que un periodista dude si publica algo”.
Añadió que la Ley de Acceso a la Información Pública es una deuda, dada la obligación constitucional de los funcionarios de rendir cuentas. Agregó que la AN debe ejercer su función contralora y garantizar que el Ministerio Público, entre otras instancias, vele por los reporteros que están en la calle.
Exigió que los casos de los periodistas que impliquen la verificación de la información y el derecho a réplica sin llegar a causas penales, se diriman en instancias civiles. “La AN debe investigar la compra de medios. Aunque las operaciones son privadas, los medios prestan un servicio. Posiblemente en esas operaciones haya dineros públicos”.
Medios públicos sin proselitismo
Luisa Torrealba, profesora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, afirmó que el Parlamento debe revisar la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Explicó que en el primer caso debe democratizarse el espacio radioeléctrico y, en el segundo, analizar su carácter punitivo que ha ocasionado sanciones arbitrarias como ocurrió con las informaciones sobre la cárcel Rodeo, el virus A1N1 o la contaminación del río Guarapiche.
Torrealba abogó por regulaciones a los medios estatales. “Históricamente, y eso se agudizó con Chávez y Maduro, los medios del Estado los han convertido en medios del partido político en el poder y han perdido su carácter público. Según la Unesco, estos medios deberían tener diversidad y pluralidad de contenidos, y no para discriminar a quienes tengan una opinión distinta”.
La investigadora dijo que en el país se requiere una Ley de Acceso a la Información Pública, como ocurre en la mayoría de los países del continente. Dijo que en Venezuela se han sancionado leyes que contrarían este derecho, como la Ley del Sistema Eléctrico.
Añadió que también ha habido opacidad con el espectro radioeléctrico, en los que las licencias son personales, y con las concesiones a las televisoras.
Exhortó a la AN a revisar la Ley de Comunicación Popular que, pese a tener el propósito de democratizar la comunicación, se basa sobre un poder popular que no está establecido en la Constitución.
Protección para los periodistas
Nikary González, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, considera “un buen síntoma” los primeros gestos de la AN hacia la prensa. Indicó que aunque el país tiene muchas prioridades, la libertad de expresión va en beneficio de las necesidades ciudadanas.
Indicó que el Parlamento debe velar por la protección a los periodistas porque en 2015, aunque hubo menos agresiones que en otros años, se registraron varios hechos alarmantes como el intento de lanzar desde un primer piso a un fotógrafo de la Alcaldía de El Limón, en Aragua.
“El año pasado, a petición del presidente del CNP, Tinedo Guía, se nombró un fiscal especial para investigar los ataques a la prensa y eso se quedó en un gesto de buena voluntad. La impunidad es muy alta”, afirmó.
González considera fundamental que en la Comisión de Medios de la AN haya diputados del oficialismo y se oigan a los gremios y organizaciones del sector. Dijo que aunque estidades como Amazonas, Aragua y Miranda tienen leyes de acceso a la información pública, urge una ley nacional porque este es un derecho constitucional.
“El ciudadano debe conocer, por ejemplo, qué pasa con los recursos asignados a los ministerios y los casos de corrupción. El Ejecutivo está obligado a responder” dijo.
Añadió que el control de los medios del Estado es clave porque su uso proselitista involucra no solo al Ejecutivo, sino también a las gobernaciones. Señaló que la AN debe poner la lupa sobre la situación del papel prensa e indicó que en diciembre dejaron de circular, temporalmente, cinco periódicos de Monagas.