“Reforma de la Ley del BCV es inconstitucional”
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La reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela llevada a cabo por el presidente Nicolás Maduro, mediante la Ley Habilitante y publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6211 es inconstitucional. Además, viola la faculta de la Asamblea Nacional de legislar sobre el sistema socioeconómico de la nación, que está expresamente estipulado en la carta magna, explicaron los abogados Juan Manuel Rafalli y Gustavo Linares Benzo.
La reforma, publicada hace dos días, prescinde de la obligatoriedad de la Asamblea Nacional de nombrar a los dos directores del BCV que por ley tenía entre sus deberes y deja esta facultad en manos del presidente de la República. También estipula que la información de los índices macroeconómicos del país podrá ser secreta o confidencial si así lo consideraran las autoridades del BCV. También abre la facultad de que el instituto emisor sea utilizado como financista del gobierno sin control de ningún órgano contralor.
Linares Benzo afirmó que la reforma contradice lo establecido en la Constitución, pues la carta magna expresa en la disposición transitoria 4° en el tercer párrafo del numeral 8 lo siguiente: “La ley establecerá que al Poder Ejecutivo corresponderá, la designación del presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus directores o directoras; y establecerá los términos de participación del Poder Legislativo nacional en la designación y ratificación de estas autoridades”.
Linares Benzo explicó que por norma constitucional el Parlamento tiene que participar en la designación y ratificación de las autoridades del instituto emisor. “La Constitución señala que se deben establecer los términos de esa designación, es decir, que la Asamblea al menos puede nombrar uno y eso se le pasó por alto a quienes redactaron esa reforma, que es claramente inconstitucional”.
El también abogado Juan Manuel Rafalli expresó que la inconstitucionalidad de la reforma se basa en que fue dictada después del 31 de diciembre de 2015, es decir, ya había culminado la Ley Habilitante del presidente de la República. La Gaceta Oficial sale publicada el 4 de enero y es en esa fecha cuando se declara la ley vigente. “Corresponde demandar nulidad y que lo decida la Sala Constitucional”, indicó.
Agregó que otro elemento que demuestra que la reforma viola la Constitución es que en ella se estipula expresamente que la Asamblea tiene que velar por el control del sistema monetario; como se establece en los artículos 187, 318 y 319. “Con esta reforma el presidente se reserva el control y le resta la autonomía al BCV. Al Parlamento le corresponde legislar sobre el sistema socieconómico de la República, eso está establecido en la Constitución y no se puede violar”, afirmó.
Mayoría calificada. En el sumario de la Gaceta sobre la reforma de ley del BCV se le describe como ley orgánica cuando desde su creación esta normativa ha sido ordinaria. Se cree que la intención de la reforma es que no pueda ser modificada por la bancada opositora ahora que el oficialismo no cuenta con mayoría calificada, luego del dictamen del TSJ contra tres diputados opositores electos en Amazona.
Sin embargo, un informe de Bank of America advirtió que “la mayoría de los dos tercios requerida para la reforma de las leyes orgánicas está explícitamente detallada y es una fracción del número de diputados presentes durante la discusión y no de todo el cuerpo legislativo”.
El argumento es apoyado por Linares Benzo y Raffali, quienes además explicaronn que actualmente hay 163 diputados y no 167, pero la oposición cuenta con 109 lo que le garantiza la mayoría calificada para llevar a cabo reformas de leyes orgánicas.
EL DATO
El BCV fue creado el 8 de septiembre de 1939. Siempre ha contado con un instrumento legal. Cuando llegó el chavismo en 1999 estaba vigente la ley de 1992 que le dio paso a la nueva Ley del Banco Central de Venezuela decretada en 2001. Desde entonces ha sido reformada en seis ocasiones: En los años 2002, 2005, 2009, 2010, 2014 y 2015. Antes de esto estaba en vigencia la Ley de 1992.
Vía El Nacional