Obligan a personal de empresas de la CVG y Pdvsa cumplir con el 1×10

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El acoso contra los trabajadores del sector público en la campaña electoral se extiende al personal de las empresas básicas de Guayana y Petróleos de Venezuela, que son hostigados por las autoridades para que cumplan el 1×10: captar 10 personas para que voten por el Partido Socialista Unido de Venezuela en las parlamentarias del 6 de diciembre.

Juan Gómez, directivo del sindicato de empleados de la Corporación Venezolana de Guayana, señaló que en las empresas básicas la presión la aplican a los gerentes medios y superiores, quienes tienen que conseguir 10 firmas de votantes por el PSUV: “80% del personal que trabaja en las empresas básicas no se mete en política y son oposición de bajo perfil”.

Recordó que hace 15 días el gobierno del estado Bolívar convocó y ordenó a los gerentes incorporarse a la campaña electoral, y si se niegan les aplicarían sanciones, reseñó El Nacional.

Añadió que en las instalaciones de las empresas, lo cual es ilegal, los sindicalistas afectos al chavismo llaman  a asambleas de trabajadores para motivarlos a elegir los candidatos oficialistas a diputados.

Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, indicó que en la industria la línea oficial de conseguir el 1×10 se extiende a gerentes y trabajadores con las “amenazas de costumbre: despidos y eliminación de beneficios, entre otras sanciones”.

El representante de la Futpv denunció que sin consultar a los trabajadores cada mañana o tarde, según sea la programación de las actividades políticas del día, desvían los buses que los trasladan a sus lugares de labor a actos de apoyo a los candidatos regionales del PSUV. “Si no van les comunican que van a ser amonestados”, dijo.

Freites refirió que el partido de gobierno actúa abiertamente en las áreas operacionales y oficinas de Pdvsa y encarga a los supervisores bajar a cada trabajador y su familia la orden de conseguir 10 electores a favor del partido.

Alexis Rodríguez, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos, afirmó que en el sector no están obligando a los trabajadores, pues la situación interna de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) es muy delicada porque no hay avances en la negociación de las cláusulas económicas del nuevo contrato colectivo. “Los trabajadores están demasiado molestos”, aseveró.

La discusión del contrato colectivo 2014-2016, que ampara a 40.000 personas,  ha sido interrumpida en varias oportunidades debido al planteamiento de los trabajadores de aplicar los aumentos salariales en unidades tributarias y con base en una tabla que en el primer tramo establece un sueldo equivalente a 1,5 salarios mínimos.

El desconocimiento del gobierno de pagar a los trabajadores del Estado una compensación económica extraordinaria por la parálisis de la discusión del contrato marco del sector público durante más de 10 años, hará que muchos empleados apliquen el voto castigo el 6-D, coincidieron sindicalistas. Agregaron que otra porción importante de los jubilados de la administración pública tampoco votaría por los candidatos del oficialismo, ya que fueron excluidos de los beneficios del contrato marco, firmado la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro y Fedeunep y Fentrasep, federaciones de empleados públicos.