El Vaticano acusa formalmente a cinco personas en el escándalo por filtración de documentos
El Vaticano acusó a cinco personas, entre ellas dos periodistas y un prelado, por la filtración y publicación de documentos secretos.
Los documentos fueron citados en dos libros por los periodistas Emiliano Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi, quienes denunciaron malversación y corrupción en el Vaticano.
Dos miembros de una comisión papal de asesoramiento sobre reforma económica y un asistente también fueron acusados, informó BBC.
Monseñor Lucio Vallejo Balda y su colega en la comisión, la experta en relaciones públicas Francesca Chaouqui, fueron detenidos a inicios de noviembre.
Los libros Merchants in the Temple (“Mercaderes en el templo”) de Nuzzi y Avarice (“Avaricia”) de Fittipaldi, incluyeron detalles de supuesta corrupción, robo y gasto desmedido en la Santa Sede.
En un comunicado, el Vaticano dijo que los magistrados “notificaron a los acusados y sus abogados las acusaciones presentadas…por la divulgación ilegal de información y documentos confidenciales”.
Chaouqui fue puesta en libertad poco después de su arresto después de comprometerse a cooperar con las autoridades. Monseñor Vallejo Balda permanece en una celda del Vaticano.
Ambos, junto con el ayudante Nicola Maio, están acusados de formar “una hermandad de delincuencia” y robar documentos, según el Vaticano.
Fittipaldi dijo a medios locales que estaba “asombrado” de la decisión de encausarlos.
“Quizá soy ingenuo, pero yo creía que investigarían a los que denuncié por actividad criminal, no a la persona que reveló los delitos”, dijo.
“Tengo entendido que están seriamente avergonzados en el Vaticano por las cosas en mi libro, sobre todo porque no podían negar nada. Pero yo no esperaba un juicio penal”.
Nuzzi dijo a Reuters que “nunca presionó a nadie”. El periodista decidirá con sus abogados si asistirá a una audiencia prevista el martes.
Reporteros sin Fronteras emitió un comunicado en el que defendió a los periodistas.
La organización considera que Fittipaldi y Nuzzi “simplemente ejercieron su derecho a proporcionar información de interés público y no deben ser tratados como delincuentes en un país que supuestamente respeta la libertad de prensa”.
Si son declarados culpables, los cinco podrían recibir sentencias de prisión de hasta ocho años.