Régimen sigue aplicando “castigos” a quienes no comparten su ideología
Empleados de Orinoco Iron y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en el estado Bolívar, ambas pertenecientes al Estado, sufrieron consecuencias de no acatar órdenes dictadas por el presidente Nicolás Maduro.
Según un artículo del diario Correo del Caroní, en el año al menos ocho casos de despido se suman a la lista de calificados de 2014, todos con un denominador común: dirigentes con algún tipo de liderazgo que han manifestado, abiertamente, su inconformidad con las políticas laborales del Gobierno nacional y las prácticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
El episodio más reciente es el del trabajador de Orinoco Irón, Orangel Palma, quien esta semana recibió una notificación de calificación de despido. Él ha sido uno de los líderes de las últimas protestas en la empresa briquetera, cuya producción tiene casi dos años paralizada por falta de insumos y repuestos, informa El VenezolanoNews
La manifestación surgió después de seis años sin actualización del contrato colectivo, el mismo lapso desde que la empresa fue estatizada en 2009.
Un caso emblemático fue el del trabajador Diego Carrero, con más de 21 años de servicio en la CVG Carbonorca, quien ras negarse a participar en la recolección de firmas en contra del decreto de Estados Unidos que mencionaba a Venezuela como una amenaza para poder aplicar sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos,recibió la carta de despido en marzo de este año.
Otros episodios han tenido como fin contener los reclamos, es el caso de la detención de los trabajadores de Sidor en 2014, luego de las protestas por la discusión del contrato, y su posterior liberación condicional, después de ocho meses presos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Después de esa medida, ni una protesta vinculada a reclamos laborales se ha registrado en Sidor por parte de trabajadores activos pese a la caída estrepitosa de la producción, el despliegue partidista y la no divulgación del contrato colectivo.
Es el mismo efecto que se ha replicado en la estatizada Friosa, donde una de las voceras y líder de las protestas que impulsaron la intervención por denuncias de corrupción, Noraida Potellá, fue despedida. Tras la medida tampoco se han registrado manifestaciones en empresa