Gobierno de Maduro maneja a su antojo las fechas para elecciones, las adelanta y atrasa para mantenerse en el mando

Esta gran última exigencia del presidente Nicolás Maduro fue realizar una mega-elección el próximo 22 de abril, que pudo llevar a Venezuela a un escenario técnico y político mucho más complejo del que ya se había vivido hace unos 18 años cuando se intentó designar en un solo día a todos los funcionarios de elección popular del país.

Luego de  18 años Hugo Chávez llevó al país (por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente electa en 1999) a una mega-elección que e implicaba escoger 6.845 cargos el 28 de mayo de 2000. básicamente ese fue un proceso que tuvo un gran fracaso, sin embargo, el chavismo intenta reeditarlo como parte de su estrategia electoral.

Esta mega-propuesta del presidente Nicolas  Maduro (una parte se corresponde a un anuncio público de Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del gobierno venezolano) fue desaprobada el viernes por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, Lucena dejó abierta la posibilidad de que las mega-elecciones se realicen en algún momento de 2018.

 Lucena coincide con la “oferta electoral” que el Gobierno de Maduro presentó a la oposición en las últimas horas: atrasar en un mes los comicios presidenciales del 22 de abril para realizarlos en conjunto con otras de las elecciones pendientes.

Mega-elecciones para disolver al Parlamento

La posibilidad de realizar una megaelección implica, además de la disolución de la Asamblea Nacional electa en 2015, el adelanto de dos procesos electorales y la realización de otros dos comicios pospuestos en su momento por el cálculo político de Maduro.

Según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el mes de diciembre de 2016 debía realizarse la elección para escoger a 23 gobernadores y 235 legisladores de ámbito regional.

Este proceso fue pospuesto en dos oportunidades hasta que finalmente se realizó parcialmente en el mes de octubre de 2017. En esa oportunidad, por exigencia de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) los venezolanos solo votaron para escoger 23 gobernadores, eliminándose los comicios para 235 legisladores regionales.

La Constitución venezolana también establece que en diciembre de 2017 debían celebrarse los comicios para escoger a 335 alcaldes, los integrantes de la cámaras municipales, dos alcaldes metropolitanos y sus respectivos cabildos metropolitanos.

No obstante, la Asamblea Constituyente convocó para diciembre solo la elección para escoger a 335 alcaldes, posponiendo la votación para que los venezolanos votaran por 2.435 integrantes de concejos municipales.

Además, la instancia constitucional impuesta por Maduro disolvió las dos alcaldías Metropolitanas con la que contaba el país desde hace 18 años y todos los cargos asociadas a estas éstas instancias de poder. Al frente de estas dos alcaldías metropolitanas se encontraban desde 2012 figuras de oposición y disidentes del chavismo.

Disolver el Parlamento

El caso de la elección anticipada de los integrantes de la Asamblea Nacional es mucho más complejo. No obstante, en algunos sectores de la oposición venezolana se valora la posibilidad de participar en una mega-elección si se retrasa la presidencial del 22 de abril y se otorgan algunas garantías técnicas y políticas.

Por ejemplo el diputado Simón Calzadilla (Movimiento Progresista) ha sugerido que si la elección de Presidente y Asamblea Nacional se convoca para el mes de junio “habría tiempo para que el oficialismo y la oposición puedan organizarse” y que haya acompañamiento internacional (…) Nos parece fabuloso. Podríamos salir de la crisis midiéndonos todos”.

Los actuales diputados del Parlamento venezolano fueron electos en diciembre del año 2015 para el periodo constitucional 2016-2021. No obstante, las denuncias de fraude electoral en la votación para escoger a tres representantes del estado Amazonas y del circuito indígena Amazonas-Apure presentadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en diciembre del año 2015 provocaron que el Tribunal Supremo de Justicia declarase en desacato al Parlamento.

754 días después de presentada esta impugnación el TSJ no ha recabado las pruebas que demuestran el fraude en esta elección. En este tiempo el TSJ ha emitido 56 sentencias que impiden al Parlamento ejercer sus funciones legislativas. Estas sentencias usurpan además el ejercicio de esas funciones, entre las que puede destacar, por ejemplo, la de autorizar el presupuesto de la Nación durante los dos últimos años.

Mientras el TSJ declara el desacato de la Asamblea Nacional, ha avalados 12 decretos (con sus respectivas prórrogas) de Estados de Excepción que otorgan poderes absolutos a Maduro. Estos decretos implican que Venezuela se mantiene en Estado de Excepción desde hace 24 meses.

Con este panorama la propuesta electoral del chavismo que la oposición (o una parte de la oposición) participe puede mezclar dos elecciones pospuestas (233 legisladores regionales y 2.435 concejales), disolvería el Parlamento, adelantando en tres años los comicios para escoger a la Asamblea Nacional, además de adelantar en ocho nueve meses los comicios para escoger al Presidente para el periodo 2019-2025.

Otro intento de Golpe de Estado

A través de un comunicado la directiva de la Asamblea Nacional calificó la semana pasada la decisión de adelantar los comicios parlamentarios como otro intento de ruptura del orden constitucional.

“Este intento de golpe al Estado de Derecho, se explica en el comunicado de la directiva de la Asamblea Nacional, tiene entre sus objetivos evadir el control de la Administración Pública Nacional que constitucionalmente le corresponde a esta Asamblea Nacional, y de esa manera, garantizar la impunidad de quienes se han apropiado de una forma “delincuente” del dinero público, lo cual es una de las causas fundamentales de que nuestro pueblo hoy esté pasando hambre, sin conseguir las medicinas, expuesto a una inseguridad personal sin límites, y buena parte de él está huyendo hacia otros países por ser víctimas de la pavorosa crisis humanitaria que se ha generado en la gestión del actual gobierno”.

Asimismo, desde el Parlamento se advierte que se “desconoce la legitimidad de la llamada Asamblea Nacional Constituyente para recortar el mandato popular otorgado por el pueblo venezolano a los Diputados integrantes de esta Asamblea Nacional, quienes de conformidad con el Articulo 192 de la Constitución vigente duraran cinco años en el ejercicio de sus funciones, lo cual solo puede ser modificado a través de una Enmienda Constitucional o de la aprobación de una nueva Constitución; en ambos casos, es el pueblo venezolano quien puede libremente tomar esa decisión”.

El revocatorio requería más de 90 días

La disposición del CNE para organizar en menos de 74 días la elección anticipada del Presidente de la República contrasta con los argumentos técnicos empleados en 2016 para explicar por qué no era factible organizar una consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro en menos de 90 días.

El 9 de agosto de 2016 la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena explicaba que “para hacer elecciones en forma segura hay que respetar principios legales y principios de logística. Los lapsos no se pueden atropellar por más que yo lo quiera, por más que yo lo desee”.

Según Lucena “no porque yo lo desee, mañana podrá aparecer una máquina lista para una elección (…) La disposición de las antenas satelitales, no se llevan menos de 40 días. “Cada fase del proceso lleva tiempo y esfuerzo. Lesionar los tiempos del revocatorio es lesionar la efectividad del mecanismo. El CNE no puede adelantar o retrasar los lapsos para un proceso electoral. Este poder independiente no acepta presiones de nadie”.

información de Diario las américas.