SIP califica de censura nueva “Ley contra el odio” aprobada por la ANC
SIP califica de censura nueva “Ley contra el odio” aprobada por la ANC | Foto: Archivo
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy la nueva “Ley contra el odio” aprobada en Venezuela al calificarla como ambigua y una “coartada” del presidente Nicolás Maduro para acabar con la ya “debilitada libertad de expresión”.
La iniciativa “criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión”, aseguró el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.
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La SIP precisó que la ley castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el Gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.
“La novedad peligrosa de esta ley es que permite al Gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protestan o que se expresan en las redes sociales”, manifestó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Recordó que esa pelea hasta ahora “estaba más enfocada” contra la oposición política, los periodistas y medios independientes.
La organización, con sede en Miami, lamentó que la iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente este miércoles amenaza con el cierre a medios y la “ilegalización a partidos políticos que promuevan el fascismo”.
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El régimen “sigue así reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo”, expresó Mohme.
La medida establece encarcelamiento de 10 a 20 años a “quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político”.
La ley además prevé la posibilidad de castigar con penas de 8 a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.
La polémica ley fue solicitada por Maduro a la Constituyente oficialista para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto y que dejaron más de 120 muertos. EFE
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