Cofavic: No puede “suspenderse” Garantías sin aprobación de la Asamblea

Gobierno no puede suspender las garantías sin aprobación de la Asamblea Nacional |Foto referencial

Gobierno no puede suspender las garantías sin aprobación de la Asamblea Nacional |Foto referencial

La abogada Liliana Ortega, miembro de la Organización no Gubernamental para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Cofavic), aseguró que el presidente Nicolás Maduro, “no está en capacidad” de suspender las garantías sin antes tener la aprobación de la Asamblea Nacional (AN). 

“El jefe de Estado tiene la obligación de consultar al Parlamento sobre cualquier medida a tomar en cuanto a las garantías constitucionales de los ciudadanos”, manifestó Ortega en entrevista por Éxitos FM, reseña CaraotaDigital. 

Asimismo agregó que “no puede hablarse de suspensión (de garantías) si no se cumple con la Constitución, pues sería otra cosa”. Esto a propósito del desconocimiento a las leyes, acción que se le imputa al Gobierno, que prolonga una “ruptura” del hilo democrático. 

DETENCIONES

Por su parte el abogado Jesús Loreto advirtió que con la nueva prórroga del decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica dictado este martes por el presidente Nicolás Maduro, cualquier persona puede ser detenida, impedida de reunirse con otras para hablar de política o de participar en concentraciones en autopistas en rechazo al Ejecutivo.

“Bajo un estado de excepción cualquier organismo puede detener vehículos, maquinarias y hasta plantas. Esta situación de desorden viola la Constitución”, explicó.

Insistió que el decreto presidencial eliminaría de un “plumazo” la facultad de los ciudadanos de expresarse contra el presidente, mientras que que las fuerzas del orden publico avalarían esta iniciativa.

“El presidente podría firmar cualquier decreto y sería avalado a priori por el Tribunal Supremo Justicia. No podríamos oponernos a eso”, sostuvo. 

También aseguró que el presidente de la república no tiene facultad de suspender las garantías si no cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional. No hacerlo así viola la Carta Magna, y derechos civiles y políticos de los venezolanos.


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