Trump despide a fiscal general por no apoyar en tribunales su veto migratorio

Donald Trump, presidente de Estados Unidos | Foto: Reuters

El día de ayer (lunes), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fulminó a la que era-hasta hoy- la Fiscal General, Sally Yates por  haber ordenado a todos sus subordinados que no defendieran en los tribunales el polémico veto migratorio del magnate a refugiados e inmigrantes. 

Yates era una sobreviviente de la era del expresidente Barack Obama que seguía en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirmara el nominado de Trump para la Fiscalía General,: el controversial senador republicano Jeff Sessions.

Sally Yates, ex fiscal General |Foto: AFP

Todo empezó cuando la fiscal general envío una carta a todos los fiscales del Departamento de Justicia filtrada por los principales medios de comunicación del país en la que decía no estar “convencida” de que la orden ejecutiva firmada el viernes por Trump para luchar contra el terrorismo yihadista fuese “legal”.

“Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto”, afirmó en la misiva la fiscal general en funciones.

“En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal”, agregó.

Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.

“Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo”, concluyó Yates.

Esta posición llegaba después de la enorme controversia causada por la medida de Trump, que ha caldeado a medio mundo y llenó de protestas los principales aeropuertos del país durante el fin de semana.

Como es habitual, el magnate tardó poco en pronunciarse a través de Twitter sobre la decisión de Yates, aunque pareció resignado a esperar a Sessions.

 “Los demócratas están retrasando mis nominados para el Gabinete por razones puramente políticas. No tienen nada más que hacer sino obstruir. Ahora tengo una fiscal general de Obama”, criticó. 

Pero horas después el magnate optó por fulminar a Yates, a la que acusó de haber “traicionado” al Departamento de Justicia con su decisión y a la que llamó “débil” en lo que a seguridad fronteriza se refiere y “muy débil” frente a la inmigración ilegal.

“Ha llegado el momento de ponernos serios para proteger a nuestro país. Imponer un escrutinio más duro a individuos que viajan desde siete países peligrosos no es extremo. Es algo razonable y necesario para proteger a nuestro país”, agregó en un comunicado la Casa Blanca.

Trump también relevó de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia responsable de las deportaciones, Daniel Ragsdale, aunque en este caso no especificó los motivos y se desconoce si los despidos están relacionados.

La nueva fiscal general en funciones será Dana Boente, quien era la fiscal para el distrito de Virginia, mientras que el Senado  no confirma a Sessions. Boente, además, se manifestó “honrada” de trabajar para la Administración Trump.

“Defenderé y haré cumplir las leyes de nuestro país para asegurar que nuestra gente y nuestro país estén protegidos”, dijo.

Este enfrentamiento entre Trump y la fiscal general llega el mismo día en el que Obama rompió su silencio desde su partida de la Casa Blanca al afirmar que “no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos debido a su fe o religión”, de acuerdo con su portavoz, Kevin Lewis.

Recordemos que el decreto ley de Trump suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos. EFE

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