Explotación del Arco Minero generará devastación en reservas de Bolívar

trabajo de minería en el Arco Minero del Orinoco | imagen referencial

Representantes y miembros de partidos políticos y movimientos ecológicos del estado Bolívar se manifestaron en contra del decreto que permite la explotación del Arco Minero del Orinoco por considerar que atenta cotra la naturaleza y las leyes ambientales.

El diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, asegura que este tipo de acuerdos deben contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, por lo que considera que la firma de convenios para explotación del Arco Minero es inconstitucional. Asimismo, aseveró que el país , en sustitución de un rentismo petrolero, va camino a un “rentismo minero”.

“Por concepto solamente petrolero a Venezuela le ingresaron en los últimos 17 años un millón de millones de dólares y no pudimos salir de la pobreza ni del atraso, entonces cambiar el rentismo petrolero por el rentismo minero, también es jugar al atraso del país”

De igual manera, la exalcadesa de Ciudad Guayana y dirigente del Movimiento Ecológico de Venezuela, Pastora Medina, se refirió a las consecuencias que traerá la explotación indiscriminada de la zona rica en minerales; una zona que además, agrega Medina, está provista de bellezas naturales y de cuantiosos recursos hídricos y forestales.

“No permitamos este decreto terrible para que se haga daño, más de lo que ya la minería le ha hecho a todos los venezolanos (…) Acuérdense que acabamos de vivir el racionamiento eléctrico, cuántos meses Venezuela estuvo afectada porque no había agua en Guri, ustedes se imaginan cuando acaben con nuestras reserva forestal, y la reserva del Caura, esto no lo podemos permitir es un crimen contra la vida de la Republica”

Por último, Andrés Velásquez, dirigente de “La Causa R” indicó que grave situación económica que vive el país no se solucionará explotando el Arco Minero.

Los dirigentes invitaron a participar en una jornada de recolección de firmas que inició este sábado en Guayana para rechazar el decreto. Anunciaron que las firmas serán presentadas en el Parlamento y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).