Advierten del riesgo de “simulación del salario” tras aprobación de Ley Cesta Ticket

Considera que debería haber una proporcionalidad entre el beneficio y el sueldo, pero acota que los gobiernos buscan “mejorar los ingresos sin incrementar abruptamente los pasivos laborales”.

La recién aprobada Ley del Cesta Ticket Socialista fue criticada por los abogados Rivera y Pro-risquez. Ambos vaticinan que se dará una reforma para aclarar los vacíos del texto, reseña La Patilla.

El 2015 trajo cambios en materia laboral que, según expertos en la materia podría generar impactos no previstos inicialmente. Es el caso de la Ley del Cesta Ticket Socialista (Gaceta Oficial 40.773 publicada en octubre), texto con el cual el Ejecutivo aprobó el aumento del bono de alimentación para los trabajadores, pero al decir de los juristas, también le abrió el paso a la denominada “simulación del salario”.

El experto en derecho laboral, Carlos Rivera, y el jefe de la cátedra de Derecho al Trabajo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Pro-risquez, coinciden en que si bien es incuestionable lo positivo del pago de esta bonificación -sobre todo en medio de una inflación que cerrará 2015 por arriba de 200%-, igual de cierto es que por una “motivación política”, el Gobierno levantó límites a la norma que podría acarrear consecuencias negativas.

Específicamente se refieren a la eliminación del tope en el peso del cesta ticket en los ingresos laborales. Hasta octubre pasado, “la provisión mensual de este beneficio no podía exceder 40% del monto que resultara de sumar al salario mensual, el bono de alimentación”, pero ahora explica Rivera, esa “limitante fue suprimida”, con lo cual hay riesgo de defraudar el salario.

Pro-risquez aclara que la simulación o fraude se produce cuando el patrono dispone de pagos a los trabajadores a través de conceptos que no inciden en beneficios laborales, tales como prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos.

Impacto

El llamado Cesta Ticket aumentó desde noviembre pasado la base de cálculo de 0,75 Unidades Tributarias (Bs 112,5 diarios) a 1,5 UT (Bs 225), y amplió de los 22 días que se cancelaban a 30 días.

De esta forma el beneficio de alimentación que sumaba alrededor de Bs 2 mil 475 mensuales, llegó a Bs 6 mil 750, un alza de 172,7%.

Con este incremento la concesión es equivalente a 70% del salario mínimo vigente de 9 mil 648,18 bolívares, y al sumar ambos ingresos (Bs 16 mil 398) resulta que 42% de esos recursos no tienen carácter salarial.

Aunque el peso de la bonificación en el sueldo ya supera 40%, el jefe de cátedra de Derecho al Trabajo advierte que el bono de alimentación tomará más fuerza en el corto plazo, ya que el valor de la UT será revisado en los dos primeros meses del próximo año, presionando al alza el dinero que se percibe por este concepto.

Partiendo de esto, Rivera sostiene que por “una variable política, como las pasadas elecciones parlamentarias (…) no hubo racionalidad” y se quitó la limitante que garantizaba que no se defraudara el salario, es decir, que por vías diferentes al sueldo se hicieran ajustes que evadieran las incidencias salariales.

Pro-risquez avala diciendo que fue “una razón política la que hizo que se estableciera esta nueva Ley”, pues para aprobar un ajuste tan fuerte, había que eliminar la restricción que tenía el bono en relación a los ingresos totales.

Considera que debería haber una proporcionalidad entre el beneficio y el sueldo, pero acota que los gobiernos buscan “mejorar los ingresos sin incrementar abruptamente los pasivos laborales”.

A esta idea también se alineó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). La ONG rechazó la reforma, al decir que “Venezuela regresó bruscamente a finales de la década de los 80 del siglo pasado, cuando más de la mitad de la remuneración mínima se pagaba a través de bonos y complementos carentes de incidencia en las prestaciones”.

Al recordar que esta “aparente” alza de los ingresos no tiene peso en la dignificación del sueldo, al no poder ser capitalizada por los beneficiarios”, añade que el nuevo alcance del bono alimentario solo impide el fortalecimiento del salario real.

Reforma a la vista 

Según el Cendas (Centro de Documentación de Análisis de los Trabajadores), aproximadamente 45,0% de los hogares venezolanos (3 millones 014 mil 086) percibe ingreso mínimo, por lo que son los principales afectados con la nueva proporción sueldo/bono.

Debido a esto y el vacío legal, ambos juristas anticipan una modificación a la Ley del Cesta Ticket para aclarar las dudas que pesan sobre la norma.

“Se entiende que se quiera aumentar los ingresos, pero esto se tiene que hacer de manera planificada”, porque “¿qué pasa si se gana Bs 1 millón al mes y la bonificación es de Bs 600 mil? Es simulación del salario”, dice Pro-risquez.

A su juicio, lo más importante es que se revise la ley laboral y se adapte a los nuevos tiempos, de manera que si no se quiere tener bonos que se equiparen a los salarios, quede establecido así.

A las críticas le salió al paso Francisco Torrealba, diputado electo del Partido Socialista Unido (Psuv) y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista, quien defendió la Ley al indicar que “se trata de una alternativa válida para incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Descartó que el bono y el sueldo se vayan a solapar. “No existe ningún riesgo que la Ley se transforme en una amenaza per sé para el salario. No significa que se vaya a dejar de revisar el ingreso mínimo para privilegiar los incrementos de la bonificación”. Concluyó que la remuneración básica “ha sido y será aumentada tantas veces como sea necesario”.

Dificultad patronal

El abogado laboral Carlos Rivera señala que el sector patronal ha mostrado preocupación por la eliminación del tope en el peso de la remuneración del ticket de alimentación, especialmente porque se sienten impedidos de elevar la bonificación ante el riesgo de ser acusados de defraudadores del salario. “Se está ante un año muy difícil, el 2016, entonces qué beneficios que enaltezcan al trabajador y que no representen impacto en los costos podrán aplicar las empresas”, ya que -según dijo- se complicó la posibilidad de pactar mejoras asociadas a este beneficio.

Recomendaciones

La crisis económica ha desmejorado el poder adquisitivo del venezolano, pues la inflación -que se prevé cierre en más 200%- ha devorado los ingresos. El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, hizo una serie de sugerencias para “surfear” la crisis económica:

Es clave cuidar el presupuesto familiar haciendo seguimiento estricto y evitando gastos superfluos.
No dejar bolívares ociosos ni en cuentas de ahorro locales. La inflación demolerá su valor y las tasas de interés son cotufas sin sal.

El crédito en bolívares es perfecto para comprar activos que reserven valor (inmuebles, carros) pero no para financiar comida.

Defiende los seguros de HCM como gata recién parida. Un imprevisto médico sin protección puede destruir el patrimonio.

No comprar nada que aumente los gastos al depender de divisas.

Poder de compra

El jefe para América Latina de Barclays, Alejandro Grisanti refirió que “en los últimos tres años, los ciudadanos han sufrido la caída del poder adquisitivo más grande de la historia, cerca de 40%”, lo que se traduce en que “de cada Bs 10 con los que compraba en términos reales, se le han esfumado casi Bs 4”.

Inflación Vs. sueldo

96,91 por ciento de ajuste del salario mínimo aprobó el Gobierno durante 2015 -al pasar de Bs 4 mil 899,54 a Bs 9 mil 648,14 entre enero y noviembre-, pero no logró compensar el alza de los precios. Esto se evidencia en que el presidente Nicolás Maduro admitió que la inflación alcanzó 100%, aunque las firmas privadas la llevan hasta más de 200%.

En estudio

El presidente Nicolás Maduro asomó en noviembre de 2014 la posibilidad de crear una tarjeta de alimentación y farmacia para pensionados y jubilados. A la fecha no se ha concretado la promesa, pero la misma ha recibido fuertes críticas, pues desvirtuaría que el bono es para el trabajador activo.